El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, busca "impedir con represión la protesta social" y alertó que se "criminaliza a quienes se manifiestan" y se persigue" a las organizaciones porque "cortar las calles no es delito".
Política15 de diciembre de 2023 Redacción SN
(Télam, Buenos Aires) "Ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes", destacó el CELS, y consideró que las medidas "atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política".
Además, "pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías, y en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales y bajo la promesa de orden busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales", añadió la organización.
La coordinadora de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, Victoria Darraidou, en diálogo con Télam estimó "alarmantes y preocupantes" los anuncios porque se "plantea una falsa idea de orden para abordar la conflictividad a través de la represión de la protesta social como ésta fuera un delito".
Remarcó que "el derecho a la protesta está en la Constitución y en los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos y hoy la ministra de Seguridad los señaló como prohibiciones".
Asimismo, explicó que en el criterio oficial "hay una grave ponderación que entiende que el derecho a circular anula el derecho a usar el espacio publico para manifestarse".
Sobre la presencia de niños y adolescentes en las manifestaciones, Darraidou consideró "gravísimo no solo la persecución de las personas que deciden manifestarse con su familia sino la criminalización de las organizaciones políticas y sociales que termina por desalentar a la vida política" en referencia a lo que Bullrich anunció como un "registro de organizaciones".
También cuestionó la posibilidad de impedir la llegada de manifestantes mediante controles en estaciones de trenes, porque "sería simplemente una persona que se está trasladando en tren a una protesta y no habría flagrancia".
Sobre posibles enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, Darraidou puntualizó que "las armas que el gobierno de Bullrich llama 'no letales' y que nosotros llamamos 'menos' letales, (como las balas de goma o las pistolas Taser) pueden generar graves daños e incluso hay registros de muertes en contextos de protestas sociales recientes".
El CELS alertó en un comunicado que "es muy riesgoso enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales".
"Cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles", recordó. Y advirtió que "ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes".
El dirigente sostuvo que el Día de la Lealtad encuentra al movimiento renovado y con la juventud como protagonista, pese a la dispersión electoral en Córdoba.
La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El movimiento obrero lidera el homenaje, frente al silencio de la estructura partidaria del PJ cordobés en el 80 aniversario. Natalia de la Sota pisa el acelerador peronizando su discurso.
Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut) acudieron al templo neoliberal del coloquio de Idea y defendieron versiones propias a tono con políticas que impulsa el gobierno de Javier Milei.
El candidato a diputado nacional por Córdoba y el gobernador Martín Llaryora participaron del encuentro realizado por Provincias Unidas en la ciudad de Buenos Aires, donde apoyaron a quienes encabezan las listas del espacio Ciudadanos Unidos.
El Ministerio de Economía aprobó nuevas modificaciones al pliego del concurso internacional para vender las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La resolución refuerza la marcha del plan iniciado con la fragmentación de Enarsa.
La caída de ventas preocupa a los comercios de Alta Gracia, que elevan pedidos de apoyo municipal ante la crisis económica.
Un camión que trasladaba chapas perdió parte de su carga en la Rotonda AG, provocando que una motocicleta derrapara y su conductor fuera trasladado al Hospital Regional.
Este violento hecho causó conmoción en toda la ciudad y la provincia debido a la intolerancia del sujeto que se encuentra detenido en la sede policial.
El movimiento obrero lidera el homenaje, frente al silencio de la estructura partidaria del PJ cordobés en el 80 aniversario. Natalia de la Sota pisa el acelerador peronizando su discurso.
El histórico ejemplar trasplantado en julio de 2025 no presenta signos de vida, según un informe técnico. Especialistas y periodistas locales aseguran que el árbol se está secando.
