El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, busca "impedir con represión la protesta social" y alertó que se "criminaliza a quienes se manifiestan" y se persigue" a las organizaciones porque "cortar las calles no es delito".
Política 15 de diciembre de 2023 Redacción SN
(Télam, Buenos Aires) "Ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes", destacó el CELS, y consideró que las medidas "atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política".
Además, "pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías, y en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales y bajo la promesa de orden busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales", añadió la organización.
La coordinadora de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, Victoria Darraidou, en diálogo con Télam estimó "alarmantes y preocupantes" los anuncios porque se "plantea una falsa idea de orden para abordar la conflictividad a través de la represión de la protesta social como ésta fuera un delito".
Remarcó que "el derecho a la protesta está en la Constitución y en los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos y hoy la ministra de Seguridad los señaló como prohibiciones".
Asimismo, explicó que en el criterio oficial "hay una grave ponderación que entiende que el derecho a circular anula el derecho a usar el espacio publico para manifestarse".
Sobre la presencia de niños y adolescentes en las manifestaciones, Darraidou consideró "gravísimo no solo la persecución de las personas que deciden manifestarse con su familia sino la criminalización de las organizaciones políticas y sociales que termina por desalentar a la vida política" en referencia a lo que Bullrich anunció como un "registro de organizaciones".
También cuestionó la posibilidad de impedir la llegada de manifestantes mediante controles en estaciones de trenes, porque "sería simplemente una persona que se está trasladando en tren a una protesta y no habría flagrancia".
Sobre posibles enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, Darraidou puntualizó que "las armas que el gobierno de Bullrich llama 'no letales' y que nosotros llamamos 'menos' letales, (como las balas de goma o las pistolas Taser) pueden generar graves daños e incluso hay registros de muertes en contextos de protestas sociales recientes".
El CELS alertó en un comunicado que "es muy riesgoso enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales".
"Cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles", recordó. Y advirtió que "ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes".
La decisión venía madurando desde el momento en que el proyecto de la Ley Ómnibus se estrelló en la Cámara de Diputados, como represalia contra los gobernadores que instruyeron a sus diputados a no acompañar al oficialismo, ante la intransigencia libertaria y falta de negociación.
“Son ellos o nosotros”, declaró el gobernador acerca de la amenaza que representa el narcotráfico y volvió a manifestar la necesidad de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir para en la lucha contra ese delito.
En el marco del 8M, el colectivo Mas Democracia le envió una factura electrónica al presidente de la Nación, Javier Milei, por un monto de $ 77.171,71 millones para que pague el reintegro del presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
En la Rosada se hicieron presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la mayoría de los ministros, como así también la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Tanto Pablo Moyano como Héctor Daer, cotitular y cosecretario general de la Confederación General del Trabajo, se expresaron luego de la frustrada reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y responsabilizaron al gobierno de Javier Milei por el fracaso de las negociaciones.
El gobernador de Chubut reiteró este sábado que el Gobierno Nacional "insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación" y junto con los mandatarios de las provincias patagónicas decidirán si interrumpirán desde el próximo miércoles la salida de petróleo y gas. "Lo que decida Chubut, lo decidiremos todos juntos", dijo.
HORÓSCOPO. La influencia de los astros en la vida y el destino de las personas.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional
La mayoría se van a reestablecer el viernes diez, cuando volverán a la normalidad. Sin embargo, la recolección de residuos sufrirá otro tipo de modificaciones con el fin de garantizarla.
“Este fallo no lo absuelve a Chocobar, si no lo que Casación decidió es que no va a profundizar sobre el caso. Ni no, ni sí. Lo que expresa es que hay errores muy graves, muchas opiniones sobre lo que pasó”, declaró el abogado de Ivonne, madre del joven asesinado.
Proyecta para cuatro años una serie de medidas y programas para fortalecer, extender y replicar en los 427 municipios de Córdoba las políticas de diversidad en el más amplio sentido.
