Se trata de un fallo del juez Ariel Lijo. La resolución establece que el Estado debe garantizar una dotación de personal capacitado para que se continúen con las tareas de transmisión de lo ocurrido durante la dictadura.
Derechos Humanos15 de enero de 2025 Redacción SN
(SN; con información de Página12) Este miércoles, luego de que el Gobierno Nacional determinó el cierre del Centro Cultural por la Memoria Haroldo Conti, lo que puso en peligro las actividades en todo el edificio de la ex ESMA, la Justicia se expidió al respecto y dictaminó que los sitios de memoria deberán permanecer abiertos y en funcionamiento.
Esto resolvió el juez federal Ariel Lijo ante una presentación que hizo la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien le advirtió que la ola de despidos que viene ejecutando el gobierno de Javier Milei en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pone en serio peligro la sostenibilidad de los lugares que deben transmitir la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.
Cabe mencionar que el juez Lijo es quien está a cargo de la Megacausa sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La semana pasada, Montenegro presentó ante Lijo que los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires estaban siendo vaciados por decisión del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.
En Capital Federal son cinco los espacios de memoria que tienen relación directa con el gobierno nacional. Se trata de los lugares donde funcionaron los campos de concentración de la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. Este último, ubicado en el barrio de Monserrat, está en riesgo inminente de cierre porque, según denuncian desde el gremio, se quedó sin trabajadores.
El martes, Lijo firmó dos resoluciones en las que le ordena a la Secretaría de Derechos Humanos que arbitre todas las medidas necesarias, entre las que contempló la dotación de “personal capacitado” para que los sitios permanezcan abiertos y en funcionamiento. La alusión al personal capacitado es importante, ya que significa que se debe resguardar a quienes se formaron para trabajar en esos lugares durante años.
Además, Lijo dispuso que se hagan tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y limpieza diaria, algo que no existe en la gestión de La Libertad Avanza (LLA).
En otro punto, Lijo sostuvo que deberán preservarse los acervos y los archivos que se han generado hasta la fecha. Esto es importante porque insistió en la continuación de las tareas de investigación. Algunos de los sitios perdieron la mitad de su personal. Otros, como Olimpo, calculan que quedaron reducidos a una tercera parte. Como correlato, se perdió a quienes hacían investigación, coordinaban visitas con las escuelas o trabajaban con el barrio, a quienes se ocupaban de la conservación. La situación de los sitios es crítica, como había señalado Montenegro en su presentación.
En su escrito, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura había advertido que el secretario de Derechos Humanos estaba incumpliendo con la ley de Sitios (26.691), que establece que los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) deben ser preservados no solo como prueba judicial sino también para la transmisión de la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.
No es la primera vez que los tribunales ordenan preservar los sitios desde que asumieron Milei y Victoria Villarruel. En agosto pasado, la Cámara Federal de Casación Penal emitió una directiva en ese sentido. El 9 de diciembre pasado, cuando se cumplían 39 años de la sentencia en el Juicio a las Juntas, el camarista Alejandro Slokar organizó una visita al exOlimpo con jueces y fiscales para reafirmar el compromiso judicial con estos espacios.
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