(SN; Derechos Humanos) Este sábado 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que no solo es importante para el ejercicio de la Memoria en Argentina, sino que toma relevancia a nivel latinoamericano, ya que coincide con el aniversario número 50 de la creación del Plan Cóndor, en noviembre de 1975, una operación que funcionó en el pasado reciente a partir de un acuerdo de los servicios de inteligencia de los países de la región para la coordinación represiva regional.
El Instituto de Políticas Públicas del Mercosur emitió un comunicado en el que remarcó el pasado común de los países de América Latina en relación a la violación sistemática a los derechos humanos, caracterizado por la persecución, detención y desaparición de personas.
La fecha fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) en la ciudad de Ginebra, en Suiza, el 29 de junio de 2006.
En este marco, se aprobó el proyecto de Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, gracias a la iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos – Desaparecidos (FEDEFAM).
En aquel entonces, Marta Ocampo de Vázquez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora y miembro de FEDEFAM, y Horacio Ravenna, co-vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y actual miembro experto del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, participaron en representación de todos aquellos que promovieron la mencionada iniciativa.
En lo que respecta a la Argentina, esta conmemoración fue adoptada por la ley 26.298 en 2007, en la que el país también se adhirió a la mencionada convención.
En la legislación mencionada, se remarcó: "Se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley".
