Luego de recabar las denuncias, la jueza María Servini delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano, quien intenta establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.
Nacionales21 de febrero de 2025 Redacción SN
(SN; con información de NA) En las últimas horas se conoció la noticia de que la jueza María Servini, luego de recabar unas 112 denuncias contra el presidente y otros actores de la criptoestafa, delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano, quien avanzó y pidió informes al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y a la Inspección General de Justicia para "establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento" de la criptomoneda.
Se busca conocer "qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados, los cuales podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho”.
En el expediente se realizó una cronología desde el momento preciso en el que el 14 de febrero a las 19.05 el presidente Javier Milei publicó en su cuenta oficial de X "adjuntando el enlace de un contrato por medio del cual se podía adquirir un criptoactivo denominado $LIBRA desde la plataforma Solana, que se utilizaría para financiar proyectos privados argentinos empleando la tecnología blockchain".
Allí se indicó que "las empresas extranjeras Kip Network, representada por Julian Peh, y Kelsier Venture”, representada por Hayden Mark Davis, habrían intervenido en la creación y lanzamiento de $LIBRA. Sumado a ello, indicaron que Kip Network tendría una representación local en Argentina a través de la compañía Kip Protocol, de cuya actividad sería responsable Mauricio Gaspar Novelli".
Entre los cargos que puede enfrentar el Presidente se contempla asociación ilícita, esta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la Ley de ética pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
Asimismo se ordenó ampliar la intervención oportunamente conferida a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que colaborara en la preservación y recuperación de evidencia. Se solicitaron informes al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores, a la vez que intentarán rastrear la operatoria por internet.
Por último, desde la Fiscalía puntualizaron que se solicitaron diversos informes a organismos públicos y privados vinculados con la temática, a la vez que se evalúan nuevas diligencias que se adoptarán en los próximos días, con el objeto de dilucidar los sucesos denunciados. Entre ellos se contempla el allanamiento de la Quinta de Olivos y de la Presidencia de la Nación, la identificación y allanamiento del domicilio de los denunciados y las empresas implicadas, la intervención y pericia de la plataforma X, el bloqueo de las billeteras virtuales y cuentas bancarias de los denunciados como medidas de trazabilidad para identificar a los beneficiarios de la presunta estafa.
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