(SN; Con información de NA) La diputada nacional Lilia Lemoine, integrante de La Libertad Avanza, quedó en el centro de la controversia tras justificar la represión policial en las protestas sociales y sugerir que podría haber muertos en futuras movilizaciones. Sus declaraciones, emitidas en un programa televisivo, generaron indignación y fueron refutadas de inmediato por los periodistas presentes en el estudio.
"No podés hacer un omelet sin romper huevos"
Lemoine se refirió a los incidentes recientes en las inmediaciones del Congreso, donde la Policía Federal y la Policía de la Ciudad reprimieron violentamente a manifestantes, incluidos jubilados e hinchas de fútbol. "Si pasa una cosa como la que pasó, que es un espanto, hay que entender que no podés hacer un omelet sin que se rompan un par de huevos", sostuvo la legisladora.
El conductor del programa, Fabián Doman, la interrumpió y le preguntó si con esa frase también incluía la posibilidad de que haya víctimas fatales. Sin titubear, Lemoine respondió: "Puede llegar a pasar".
Una respuesta que encendió el debate
El periodista Mariano Yezze reaccionó de inmediato: "No. No tiene que pasar. No debería pasar". Además, recordó episodios trágicos de la historia reciente del país, como los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2002 y el de Mariano Ferreyra en 2010, todos casos de represión estatal que derivaron en muertes.
Repudio generalizado y memoria histórica
Las declaraciones de Lemoine generaron un fuerte rechazo en las redes sociales y entre organizaciones de derechos humanos. La posibilidad de que el Estado tolere la pérdida de vidas humanas en el marco de manifestaciones públicas remite a los momentos más oscuros de la democracia argentina.
"El Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, no ser un factor de riesgo para sus vidas. Las palabras de la diputada son de una irresponsabilidad alarmante", expresaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Mientras tanto, distintos sectores políticos han pedido explicaciones públicas y no descartan solicitar una sanción parlamentaria contra la legisladora.
El debate sobre el rol del Estado en la contención de las protestas vuelve a instalarse con fuerza, dejando en evidencia las tensiones entre la protección de los derechos ciudadanos y el uso de la fuerza pública.
