Este miércoles, organizaciones locales realizarán una clase abierta en Plazas Solares para visibilizar la grave crisis del sector y exigir la aprobación urgente de una ley nacional de emergencia. La medida se replica en todo el país.
Actualidad30 de abril de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) En el marco del debate legislativo por la Ley de Emergencia en Discapacidad, instituciones que trabajan en el sector realizaron este miércoles una clase abierta en Plaza Manuel Solares. El objetivo fue visibilizar la profunda crisis que atraviesan prestadores, transportistas y personas con discapacidad en todo el país.
Mientras en el Congreso de la Nación se discutía el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, en Alta Gracia —al igual que en otros puntos del país— organizaciones que forman parte del sistema de atención a personas con discapacidad se movilizaron para reclamar medidas urgentes. En la ciudad, la actividad tuvo lugar entre las 11 y las 12:30 en Plaza Manuel Solares e incluyó una clase abierta con amplia participación de profesionales y familiares.
Gustavo Bustos, director del Centro de Día de la Fundación Espacios, explicó en Siempre Radio que el sector vive una situación crítica desde hace años, pero que se ha profundizado gravemente en el último tiempo: “Esta situación no es nueva, pero hoy alcanzó un punto mucho más crítico. El último ajuste fue en septiembre de 2024 y fue apenas del 1,8%. Eso no alcanza ni remotamente a cubrir la inflación ni el desfase acumulado”.
Bustos detalló que las instituciones que brindan servicios esenciales para personas con discapacidad están al borde del desfinanciamiento. “Hacemos magia para sostener derechos que el Estado debería garantizar”, afirmó. Y subrayó que no se trata solo de una cuestión económica, sino de una responsabilidad constitucional: “Estamos hablando de derechos que ya están reconocidos por ley y que Argentina ha ratificado con jerarquía constitucional. No estamos pidiendo nuevos beneficios, sino que se respete lo que ya existe”.
El proyecto de ley que se debatía en simultáneo busca garantizar el financiamiento adecuado para instituciones prestadoras, actualizar los aranceles del nomenclador de prestaciones, y asegurar el cumplimiento de leyes como la 24.901 (prestaciones básicas) y la 26.816 (empleo protegido), entre otras.
“No es una marcha, no cortamos calles. Hacemos una clase abierta para visibilizar, porque creemos que hoy es el único recurso que tenemos para intentar un cambio. Nadie está exento de necesitar estos servicios en algún momento de su vida”, remarcó Bustos.
Las actividades se replicaron en distintas ciudades del país y expresaron un reclamo colectivo que atraviesa colores políticos: “Venimos reclamando esto hace años, con distintos gobiernos. Pero hoy la situación es crítica y necesitamos respuestas urgentes”, concluyó.
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