(SN) Desde el palco de la Sociedad Rural Argentina, el presidente Javier Milei anunció con pompa una baja permanente en las retenciones agropecuarias. Las medidas incluyeron reducciones para la carne vacuna y aviar, el maíz, el sorgo, el girasol y la soja, entre otros productos clave del complejo agroexportador. Fue, en palabras del propio mandatario, una "obsesión cumplida", un hito dentro de su cruzada contra lo que llama “el modelo empobrecedor” del Estado. Pero el anuncio no puede ser leído solo como una decisión de política económica: también -y sobre todo- debe ser entendido en su dimensión electoral.
En octubre se celebrarán elecciones legislativas de medio término, y el gobierno necesita con urgencia ampliar su representación parlamentaria para avanzar con su programa de reformas. Sin estructura partidaria territorial, sin gobernadores propios y con una base social fragmentada, Milei apuesta a fidelizar y movilizar a uno de los sectores que más dividendos simbólicos y económicos le ha dado: el agroexportador. Con esta medida, busca asegurarse respaldo político, financiamiento de campaña y votos en distritos rurales clave, especialmente en la zona núcleo donde el oficialismo necesita crecer.
El contenido económico del anuncio, por lo tanto, no puede disociarse de su función proselitista. La baja de retenciones es una concesión directa a los grandes jugadores del agro, en vísperas de una campaña que el oficialismo intentará nacionalizar bajo la consigna de “libertad o servidumbre”. La lógica es clara: menos impuestos para un sector privilegiado, a cambio de su apoyo político explícito o implícito. No se trata, entonces, de una estrategia fiscal sustentable, sino de una jugada electoral con consecuencias estructurales.
El Presidente Javier Milei y el Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino (Foto: Casa Rosada)
El problema es que esa jugada puede salir cara. Las retenciones no son un “impuesto siniestro”, como lo describió Milei, sino una herramienta económica clave para cualquier Estado que necesite recaudar de manera eficiente, redistribuir recursos y proteger su aparato productivo frente a la volatilidad externa. En países con moneda débil, restricciones financieras y alta desigualdad, renunciar a este tipo de ingresos es renunciar a soberanía económica.
Además, al debilitar las retenciones se favorece la concentración y la primarización, en detrimento de las economías regionales, la agroindustria nacional y la creación de empleo con valor agregado. En lugar de usar las retenciones para impulsar un modelo de diversificación productiva, se opta por premiar al monocultivo y al exportador sin condiciones.
El Presidente argumenta que esta baja es posible gracias al superávit fiscal. Pero la realidad es que ese superávit se construyó sobre el ajuste brutal del gasto público, con recortes que afectan a los sectores más vulnerables, la obra pública, la salud y la educación. Lo que el gobierno ahorra en jubilaciones lo resigna ahora en recaudación fiscal para beneficiar a un sector que, además, ya ha sido ampliamente favorecido por la devaluación, la eliminación del Impuesto PAÍS, la libre disponibilidad de divisas y la desregulación total del comercio exterior.
El argumento de “bajar impuestos es hacer patria” puede ser efectivo como slogan de campaña, pero se desmorona como política pública. No hay país viable sin ingresos públicos estables y progresivos. Y no hay estabilidad duradera cuando se gobierna en función de la coyuntura electoral.
La obsesión del Presidente por eliminar las retenciones se parece cada vez más a una estrategia de campaña disfrazada de reforma estructural. Pero gobernar no es hacer campaña permanente. Gobernar es decidir con responsabilidad, pensando en el interés general y no solo en la próxima elección. Y en ese sentido, este anuncio no solo es fiscalmente imprudente: es también moralmente cuestionable.
Argentina necesita políticas que integren al campo en un proyecto de desarrollo nacional, no que lo conviertan en actor privilegiado de una estrategia electoral. Porque si las urnas se ganan a costa del desfinanciamiento del Estado, lo que se pierde -finalmente- es el país.
