Juan Pablo Peñaloza, ingeniero de la regional Córdoba de Vialidad Nacional, advirtió que la disolución del organismo, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, afectaría gravemente a las localidades más alejadas del país.
Política18 de julio de 2025 SN
(SN; Córdoba) La intención del gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad sigue generando preocupación y rechazo entre trabajadores del organismo en todo el país. Desde el distrito Córdoba, el ingeniero Juan Pablo Peñaloza, trabajador de Vialidad, afirmó que “hace cuatro meses vivimos con la amenaza de despidos y cierre. Hoy no tenemos agua potable, internet ni recursos, pero seguimos garantizando la transitabilidad”.
En diálogo con Marcelo Páez en Siempre Radio, Peñaloza describió la situación actual como “de vaciamiento y desfinanciamiento”, y remarcó que, pese a ello, “el trabajador vial sigue haciendo lo que puede con lo que tiene”.
Según Peñaloza, el desprestigio que hoy enfrenta Vialidad Nacional se arrastra desde hace años y está vinculado a la denominada 'causa Vialidad', que involucró a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Hace 15 años que sufrimos una campaña de difamación. Todo quedó manchado por aquella condena, pero el trabajador vial no tiene nada que ver con eso: seguimos garantizando la seguridad de las rutas con transparencia y esfuerzo", remarcó.”
El decreto 461/2025, firmado por el Ejecutivo nacional el pasado 8 de julio, había dispuesto la disolución de Vialidad Nacional. Sin embargo, una jueza de San Martín hizo lugar a una medida cautelar presentada por el gremio y suspendió por seis meses la aplicación de ese decreto, ordenando que el Estado se abstenga de realizar reubicaciones, despidos, traslados o supresión de estructuras vinculadas al organismo.
“El mismo administrador que hoy quiere cerrar Vialidad ya lo había intentado en los ‘90. Esto es una cuestión política, pero detrás hay negocios: lo rentable se privatiza, lo que no da ganancia lo abandonan”, sostuvo Peñaloza. Y advirtió: “Si Vialidad desaparece, muchas localidades quedarían incomunicadas. Las rutas concesionadas son apenas el 10%: el resto, que no es rentable para un privado, lo sostiene el Estado”.
Según detalló, el distrito Córdoba cuenta con entre 270 y 280 trabajadores distribuidos entre campamentos en Río Cuarto, Sinsacate y Villa María, cubriendo miles de kilómetros de rutas nacionales.
“El trabajador vial tiene orgullo por lo que hace, a pesar de la difamación y la falta de recursos. No hay proyectos nuevos, no hay obras nuevas. Solo se están terminando contratos iniciados en gestiones anteriores”, remarcó.
Peñaloza subrayó que los equipos legales del gremio siguen trabajando en otros amparos: “El decreto hace agua por todos lados. No vamos a parar hasta que desaparezca definitivamente. Como sociedad perderíamos mucho más de lo que algunos son capaces de ver”.
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