
Córdoba: unas 18 clínicas privadas habrían comprado fentanilo contaminado
Se trata del opioide adulterado que provocó 96 muertes en todo el país. Aquí en la provincia, la Justicia tiene bajo custodia el material hasta definir el destino.
El fiscal Mondino acusó al ex funcionario de tentativa de defraudación. Luciana Castro, la empleada municipal que lo acompañó al banco y Virginia Martínez, la dueña del documento, también están imputadas.
Provinciales11 de agosto de 2025 Redacción SN(SN; con información de La Nueva Mañana) Este lunes se conoció la noticia de la elevación a juicio de la causa contra el ex legislador del PJ cordobés Guillermo Kraisman, investigado por intentar retirar dinero de una sucursal del Banco de Córdoba con un DNI falso, perteneciente a una mujer que figuraba en los papeles como empleada de la Unicameral pero nunca fue a trabajar.
El fiscal Franco Mondino solicitó la medida que además tiene como imputada a la "empleada fantasma" dueña del documento, Virginia Martínez. La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de Segunda Nominación, a cargo Mondino, concluyó la instrucción luego de recolectar las pruebas suficientes y dio un paso clave para que comience el proceso, informó LNM.
Kraisman está acusado de defraudación en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa. Luciana Castro, la empleada de la Municipalidad que lo acompañó a retirar el efectivo, también está imputada por el mismo delito. Mientras que Martínez es sopechada de falso testimonio agravado.
El ex funcionario fue arrestado el 16 de enero, tras intentar cobrar un millón de pesos en un Banco de barrio General Paz, con el DNI de Martínez. Un empleado del organismo realizó la denuncia que desató un escándalo en la Legislatura, ya que la dueña del documento figuraba como contratada pero no cumplía sus funciones.
Kraisman también se vio envuelto en otros crímenes de menor grado. En septiembre de 2024 fue detenido por robar alimentos de un supermercado.
Se trata del opioide adulterado que provocó 96 muertes en todo el país. Aquí en la provincia, la Justicia tiene bajo custodia el material hasta definir el destino.
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