Jorge Conalbi Anzorena
(Buenos Aires; SN) La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Acusan a ambos funcionarios de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y persecución a integrantes del pueblo mapuche.
La denuncia cuestiona la resolución que declaró terrorista a la RAM
El escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal impugna la Resolución 210/2025 del Ministerio de Seguridad, que declaró a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista e incorporó a personas mapuche en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).
Los abogados denunciantes -Eduardo Soares, Luis Sánchez, Laura Taffetani, Gustavo Franquet, la altagraciense Blanca Barreiro, Álvaro Arias Camacho y Sebastián Soto Siro- sostienen que la medida carece de sustento jurídico y que el Ministerio de Seguridad no posee facultades para declarar organizaciones terroristas sin resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como exige el Decreto 918/2012.
"Ni siquiera han logrado probar la existencia de la RAM, pero se la declaró organización terrorista", le dijo Blanca Barreiro a Jorge Conalbi Anzorena durante la emisión de Lo Viejo Funciona, el programa de política que viernes a viernes emite la Siempre Radio 93·3 FM.
Acusan a Bullrich de manipular causas archivadas y difundir información falsa
Según la denuncia, el anexo de la resolución ministerial incluye 136 hechos atribuidos a la RAM, la mayoría basados en causas archivadas, sobreseídas o sin relación con delitos de terrorismo.
Los abogados afirman que las únicas coincidencias entre las personas mencionadas son su identidad mapuche y su participación en reclamos territoriales, lo que convierte a la resolución en un acto discriminatorio en violación de la Ley 23.592.
Entre los ejemplos citados se encuentran causas judiciales de Esquel y Neuquén que fueron cerradas por falta de pruebas o inexistencia de delito. En varios de esos expedientes, la Justicia determinó que no existía vínculo alguno entre las personas investigadas y la supuesta organización RAM.
Consecuencias sobre comunidades mapuche
La denuncia advierte que la inclusión de referentes y familias mapuche en el registro de terrorismo provocó bloqueos de cuentas bancarias, cierre de billeteras virtuales y suspensión de la Asignación Universal por Hijo (AUH), afectando gravemente a comunidades en situación de vulnerabilidad.
Entre las personas afectadas se encuentran Facundo Jones Huala, María Isabel Nahuel, Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, Joana Colhuan, Gonzalo Coña, Jessica Bonnefoi Carriqueo Antimil y Matías Daniel Santana, pertenecientes a comunidades de Río Negro y Chubut.
“Un enemigo interno para la propaganda”
El documento judicial describe la resolución como parte de una estrategia política de la ministra Bullrich para “crear un enemigo interno” y justificar acciones represivas bajo el discurso del combate al terrorismo.
Los abogados recuerdan antecedentes durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri, cuando el Ministerio de Seguridad difundió un “Informe RAM” con datos que luego fueron desmentidos por la Justicia.
El texto también cuestiona al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, señalado como partícipe necesario, por haber autorizado la publicación de la lista de supuestos terroristas en el ámbito de su cartera.
Gravedad institucional y pedido de investigación
La denuncia califica la actuación del Ministerio de Seguridad como un abuso de poder con consecuencias institucionales graves, ya que involucra la difusión de datos personales, la utilización de causas cerradas y la estigmatización de un pueblo originario.
Los denunciantes piden que la Justicia investigue a los funcionarios, proteja a las víctimas y declare la nulidad de la Resolución 210/2025, al considerar que vulnera derechos reconocidos en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el cierre, el escrito sostiene que la medida “expone al Estado argentino como un país que manipula el concepto de terrorismo con fines políticos”, y reclama sanciones penales e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a las autoridades responsables.
