

Reforma penal: el Gobierno proyecta un endurecimiento general del sistema

(Buenos Aires; SN) El Gobierno nacional confirmó que en los próximos días ingresará al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal, una de las iniciativas consideradas centrales dentro del paquete de reformas “de segundo orden” que impulsa el Ejecutivo. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, junto a la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich.
Ambos funcionarios señalaron que la propuesta busca “poner orden donde antes reinaba la barbarie” y establecer un cambio de doctrina orientado a endurecer las penas, reducir la discrecionalidad judicial y evitar lo que describieron como la “puerta giratoria”. Desde la Casa Rosada, Adorni destacó “el enorme aporte” de Bullrich en materia de seguridad y sostuvo que, al asumir la gestión, “la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre, los piqueteros eran dueños de la calle y ciudades como Rosario eran zonas liberadas para los narcoterroristas”.
En la misma conferencia, Bullrich afirmó que el objetivo del nuevo Código Penal es “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos; que la Justicia llegue a tiempo y que haya cumplimiento efectivo de las penas”.

La propuesta legislativa contempla el agravamiento general de las penas y la incorporación de protecciones específicas para sectores considerados vulnerables, como personal educativo, estudiantes y personas mayores. También incorpora figuras penales reclamadas desde hace años por organizaciones de víctimas, como la conducción imprudente, además de disposiciones sobre abuso de armas y una reformulación del concepto de legítima defensa, donde “la presunción va a estar siempre a favor de quien se defiende”, según señaló Bullrich.
La funcionaria agregó que las víctimas “van a tener la posibilidad de intervenir en todo momento” dentro del proceso judicial. De acuerdo con las proyecciones del Ejecutivo, las modificaciones propuestas derivarían en que “el 82% de los delitos tengan prisión efectiva”.


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