(SN; Buenos Aires) Al menos 12 activistas fueron detenidos este jueves luego de saltar la reja del Palacio Legislativo y sentarse en las escalinatas del Congreso, en protesta por la reforma de la Ley de Glaciares que se debate en el Senado.
La acción fue encabezada por integrantes de Greenpeace, en el marco de la sesión en la que la Cámara alta analiza la modificación de la ley 26.639, sancionada en 2010 para proteger glaciares y ambientes periglaciares.
Durante el operativo intervino la Policía Federal Argentina. En ese contexto también fue detenido un camarógrafo del canal A24, quien resultó herido, según se observó en imágenes difundidas por la señal. El periodista Antonio Laje cuestionó el procedimiento al aire y calificó la situación como “inentendible e increíble”.
Qué se discute en el Senado
El oficialismo impulsa cambios que redefinen la protección del ambiente periglacial, con el argumento de brindar mayor “seguridad jurídica” y habilitar inversiones en minería e hidrocarburos. La propuesta limita la protección estricta a aquellos glaciares o formaciones que cumplan una función hídrica “efectiva y estratégica”, y otorga mayor participación a las provincias en la delimitación de áreas protegidas.
El Gobierno sostiene que la normativa vigente genera parálisis de inversiones y que la reforma permitirá compatibilizar desarrollo económico con control ambiental. También invoca el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.
Por qué hay alertas
La ley actual protege no solo los glaciares visibles, sino también el ambiente periglacial: suelos congelados y formaciones de alta montaña que actúan como reguladores naturales del agua. Estos ecosistemas funcionan como reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la agricultura y la biodiversidad.
Organizaciones ambientalistas y buena parte del interbloque peronista en el Senado advierten que reducir el alcance de la protección podría habilitar actividades extractivas en zonas sensibles y poner en riesgo cuencas hídricas. Señalan que, en un contexto de cambio climático y estrés hídrico creciente, debilitar la norma implicaría una regresión ambiental.
También cuestionan que la redefinición de qué áreas cumplen o no función hídrica pueda quedar sujeta a criterios políticos o económicos, lo que abriría la puerta a conflictos judiciales y a una eventual fragmentación de estándares ambientales entre provincias.
Un debate atravesado por intereses
El conflicto no es nuevo. Desde que se anticipó la reforma, provincias con fuerte potencial minero —como San Juan, Catamarca o Jujuy— expresaron su respaldo a una flexibilización que permita avanzar con proyectos de litio, cobre y otros minerales estratégicos.
Dentro del peronismo, la discusión también genera tensiones. Mientras la conducción del bloque que encabeza José Mayans mantiene una postura crítica y centrada en la defensa del recurso hídrico, legisladores de distritos mineros enfrentan presiones para acompañar cambios que impulsen el desarrollo productivo local.
En paralelo, sectores de la oposición presentaron proyectos alternativos que buscan reforzar la protección vigente, actualizar el Inventario Nacional de Glaciares y consolidar la prioridad del agua para consumo humano por sobre cualquier explotación económica.
