


SN; Mendoza. La provincia de Mendoza comenzó a aplicar desde el ciclo lectivo 2026 una reforma del Código de Contravenciones que establece sanciones para padres de estudiantes involucrados en situaciones de bullying escolar, una medida aprobada por la Legislatura provincial durante el año pasado.
La normativa se implementa junto a un nuevo protocolo de actuación en las escuelas y capacitaciones docentes obligatorias vinculadas a inclusión y convivencia escolar.
El director general de Escuelas y ministro de Educación provincial, Tadeo García Zalazar, explicó que el objetivo principal es reforzar la responsabilidad de las familias frente a episodios de hostigamiento entre estudiantes. “Se trata de que haya un aprendizaje y que cese el bullying, que es el hostigamiento sistemático y sostenido para dañar a una persona psicológica, física o moralmente”, señaló en declaraciones radiales.

Responsabilidad parental
Según detallaron desde el gobierno mendocino, ante un caso de bullying se aplicará primero el protocolo escolar correspondiente, que incluye instancias de mediación con alumnos y familias.
Si los padres no colaboran o avalan las conductas de hostigamiento, la Dirección General de Escuelas podrá elevar las actuaciones a la Justicia para evaluar la eventual responsabilidad de los adultos.
“Nos hemos encontrado con situaciones donde los propios padres respaldan estas conductas. Son prácticas que deben modificarse y en las que la familia tiene un rol central”, afirmó el funcionario.
Multas y otras sanciones
La reforma contempla distintas medidas progresivas. En una primera instancia podrán imponerse talleres obligatorios para madres y padres, mientras que en casos más graves se prevén multas que pueden alcanzar hasta 1,5 millones de pesos e incluso arresto.
Desde el Ministerio de Educación remarcaron además la importancia del acompañamiento familiar fuera del ámbito escolar, especialmente en el uso de redes sociales y en las relaciones entre estudiantes.
La iniciativa busca reducir situaciones de violencia escolar mediante un enfoque que involucra tanto a las instituciones educativas como a las familias en la prevención y resolución de conflictos.


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