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(Buenos Aires; SN) Un grupo de legisladores impulsó pedidos de acceso a la información pública para esclarecer el otorgamiento de créditos millonarios por parte del Banco de la Nación Argentina a funcionarios y dirigentes de La libertad Avanza. El eje del planteo está puesto en determinar si existieron condiciones preferenciales o discrecionalidad en los préstamos.
La iniciativa fue encabezada por el diputado socialista Esteban Paulón, quien solicitó informes tanto al Banco Central de la República Argentina como al Banco Nación. El objetivo es conocer el marco regulatorio aplicado, los criterios de evaluación crediticia y si la condición de funcionarios públicos influyó en el acceso a los fondos.
“Si bien el acceso al crédito en entidades públicas no constituye en sí mismo una irregularidad, la concurrencia de montos elevados, simultaneidad en los otorgamientos y la condición de funcionarios torna necesario verificar que no haya existido trato preferencial”, sostuvo el legislador en su presentación.
El pedido surge tras la difusión de una lista de beneficiarios que incluye a funcionarios de primera línea. Entre ellos aparece el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien accedió a un crédito cercano a los 360 millones de pesos; el director del BICE, Felipe Núñez, con un préstamo superior a los 370 millones; y el director del Banco Central, Juan Pedro Inchauspe, quien obtuvo más de 500 millones.
También figura Juan Pablo Carreira, referente del esquema de comunicación digital oficialista, con un crédito por más de 100 millones de pesos. En el Congreso, en tanto, aparecen los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, todos con préstamos de magnitud.
Uno de los puntos que genera mayor controversia es el contexto en el que se otorgaron los créditos. Durante ese período, el Gobierno de Javier Milei impulsaba la transformación del Banco Nación en sociedad anónima, una medida que finalmente fue frenada por la Justicia. La simultaneidad entre ese proceso y el acceso a financiamiento por parte de funcionarios alimentó las críticas desde la oposición.
Desde la entidad bancaria señalaron que los créditos fueron otorgados a clientes con cuentas sueldo, bajo criterios técnicos de evaluación y capacidad de pago. Sin embargo, hasta el momento no hubo explicaciones públicas por parte del Poder Ejecutivo ni de los funcionarios involucrados.
El debate también sumó cuestionamientos desde el ámbito financiero. El abogado y analista Carlos Maslatón calificó la situación como un posible caso de “corrupción crediticia con fondos públicos”, en referencia al uso de recursos estatales en beneficio de dirigentes políticos.
En este escenario, el Congreso busca determinar si existieron irregularidades o si los préstamos se ajustaron a la normativa vigente. La respuesta de los organismos requeridos será clave para establecer si se trató de operaciones dentro de los parámetros habituales o de un esquema con ventajas indebidas para funcionarios del oficialismo.
