SN
(Alta Gracia; SN) La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni avanza hacia una instancia decisiva. Este viernes, el fiscal Gerardo Pollicita recibirá un informe elaborado por la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI), considerado una pieza clave para determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados por el exfuncionario y su evolución patrimonial.
Con ese análisis concluido, la fiscalía prevé que, una vez finalizada la feria judicial de invierno, solicitará formalmente a Adorni que explique el origen de su patrimonio y de una serie de gastos e inversiones que, según la investigación, no se condicen con los ingresos que declaró durante su paso por el Gobierno.
En las causas por presunto enriquecimiento ilícito, el requerimiento de justificación patrimonial constituye la instancia previa a una eventual citación a declaración indagatoria.
El documento que prepara Pollicita incluirá observaciones sobre compras de inmuebles, viajes, gastos personales, inversiones financieras y movimientos vinculados a criptoactivos, con el objetivo de reconstruir la evolución económica del exfuncionario.
Uno de los principales ejes de la investigación gira en torno a unos 500.000 dólares que Adorni aseguró haber obtenido mediante inversiones en criptomonedas iniciadas en 2014.
El exfuncionario sostuvo públicamente que esos fondos no habían sido declarados en su momento y luego fueron incorporados al régimen de blanqueo impulsado por el Gobierno. Sin embargo, esa regularización tributaria no lo exime de explicar judicialmente el origen de los recursos si existen sospechas sobre un posible enriquecimiento ilícito.
Además, la fiscalía solicitó información a plataformas de intercambio de criptoactivos para verificar si los movimientos registrados coinciden con la versión ofrecida por Adorni.
La investigación también analiza una serie de operaciones realizadas durante su paso por la función pública.
Entre ellas figuran la compra de propiedades, remodelaciones de alto costo, viajes al exterior, vuelos privados y gastos personales que habrían superado ampliamente los ingresos que percibía como funcionario nacional.
El informe de la DAFI deberá establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados, las fuentes de financiamiento y el crecimiento patrimonial registrado en los últimos años.
Si las inconsistencias persisten tras el requerimiento de explicaciones, la causa quedará en condiciones de avanzar hacia una eventual declaración indagatoria.
