(Alta Gracia; SN) En el marco de la mesa de trabajo convocada por la Justicia Federal, vecinos del barrio 8 de Agosto llegaron este viernes al Ejecutivo municipal con expectativas de comenzar a destrabar un conflicto histórico vinculado a la urbanización del sector.
La instancia fue ordenada por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, quien dispuso reunir a representantes de Nación, el municipio y la organización barrial para evaluar el cumplimiento de la sentencia vigente y avanzar en una hoja de ruta común.
La presidenta de la asociación del barrio, Andrea, sostuvo que la expectativa es “alta” luego de años de reclamos. “La sentencia es clara y establece que los tres niveles del Estado deben cumplir con las obras necesarias para el desarrollo del barrio”, señaló.
En ese sentido, remarcó que el fallo no se limita a infraestructura básica, sino que incluye condiciones de vivienda digna y un abordaje integral para el crecimiento del sector. No obstante, aclaró que el objetivo inmediato es comenzar a delinear un plan de trabajo. “No esperamos resolver todo hoy, pero sí empezar a construir un camino para avanzar en cada obra”, explicó.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la situación de las tierras. Según indicaron desde la organización, el Estado nacional debe avanzar en la transferencia y regularización dominial de unas 117 hectáreas, paso clave para el fraccionamiento del barrio y la futura escrituración de los lotes.
En paralelo, el municipio es señalado como responsable de ejecutar las obras de infraestructura necesarias, entre ellas redes de agua y energía, apertura de calles, veredas y sistemas de escorrentía.
La reunión se da en un contexto de tensión, tras los cuestionamientos de la Defensoría Pública por presuntos incumplimientos y la respuesta del municipio, que asegura haber realizado intervenciones dentro de sus posibilidades. El encuentro busca, precisamente, acercar posiciones y establecer un esquema de trabajo que permita dar cumplimiento a la sentencia judicial.
La mesa aparece así como una instancia clave para encauzar el conflicto y definir el futuro del barrio, en medio de disputas por la titularidad de las tierras y el alcance de las obligaciones de cada nivel del Estado.
