Córdoba: la Justicia reconoció el vínculo entre la Sputnik V y la muerte de una joven

La Cámara Federal de Córdoba confirmó la relación entre la vacuna contra el Covid-19 y el fallecimiento de Melín Sartori, ocurrido en 2021. El Estado deberá indemnizar a la familia tras un extenso proceso judicial.
Sociedad01 de junio de 2026SNSN
Sputnik V - Melín Sartori
Sputnik V - Melín Sartori

(Córdoba; SN) La Cámara Federal de Córdoba confirmó el vínculo entre la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 y la muerte de Melín Sartori, una joven cordobesa de 24 años que falleció en 2021 luego de sufrir una serie de complicaciones médicas asociadas a un cuadro de trombosis con trombocitopenia.

La resolución judicial, conocida en los últimos días, pone fin a un largo reclamo impulsado por la familia de la joven y constituye uno de los antecedentes más relevantes en el país vinculados al sistema de compensación previsto para eventuales daños derivados de las vacunas utilizadas durante la pandemia.

Según surge de la causa, Sartori recibió una dosis de Sputnik V en el marco de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus. De acuerdo con la reconstrucción presentada ante la Justicia, aproximadamente una semana después comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales y otros síntomas que inicialmente fueron atribuidos a un cuadro gastrointestinal.

Sin embargo, su estado de salud se agravó rápidamente. Estudios posteriores detectaron una trombosis asociada a trombocitopenia, una condición caracterizada por la formación de coágulos sanguíneos acompañada por una disminución significativa de plaquetas.

La joven fue sometida a tres intervenciones neuroquirúrgicas debido a las complicaciones derivadas del cuadro. Tras la última cirugía quedó en estado vegetativo y posteriormente falleció.

Un reclamo que duró años

La demanda fue presentada por la familia bajo el marco de la Ley 27.573, sancionada durante la pandemia para regular la adquisición de vacunas contra el Covid-19 y establecer mecanismos de compensación frente a eventuales efectos adversos graves.

De acuerdo con el abogado de la familia, Martín Diego Barbará, durante el proceso fueron incorporados estudios médicos, informes técnicos y documentación científica destinada a demostrar la relación entre la vacunación y el cuadro que sufrió la joven.

El planteo fue inicialmente rechazado en sede administrativa, pero posteriormente avanzó en la Justicia Federal mediante distintos recursos y apelaciones.

Según indicó la representación legal, durante el trámite judicial el Ministerio de Salud de la Nación terminó reconociendo la existencia de una relación causal entre la aplicación de la vacuna y el fallecimiento de Sartori.

El fallo y la indemnización

La sentencia establece que el Estado nacional deberá indemnizar a la familia con una suma cercana a los 95 millones de pesos una vez que el fallo quede firme.

No obstante, tanto la familia como sus representantes legales señalaron que el objetivo principal del reclamo no era económico sino lograr un reconocimiento oficial de las circunstancias que rodearon la muerte de la joven.

Virginia Ruiz, madre de Melín, sostuvo durante años que los síntomas aparecidos tras la vacunación debían ser investigados y reclamó que las autoridades analizaran el caso en profundidad.

Un caso excepcional

Especialistas en salud pública han señalado en reiteradas oportunidades que los eventos adversos graves asociados a vacunas son poco frecuentes y que los sistemas de farmacovigilancia existen precisamente para detectar, investigar y dar respuesta a esos casos excepcionales.

La propia legislación argentina contempla mecanismos de compensación para situaciones de este tipo, con el objetivo de garantizar una reparación cuando se comprueba la existencia de daños vinculados a campañas de vacunación masivas.

En ese marco, el fallo de la Cámara Federal de Córdoba constituye un antecedente relevante porque reconoce judicialmente la relación causal entre la aplicación de una vacuna contra el Covid-19 y un desenlace fatal, dentro de un caso específico analizado durante varios años por organismos administrativos y tribunales federales.

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