(Córdoba; SN).- El gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura de Córdoba el proyecto de ley denominado Antibúnker, una iniciativa que apunta a intervenir, recuperar y dar un nuevo destino a los inmuebles utilizados de manera reiterada para la comisión de delitos, especialmente aquellos vinculados al narcotráfico.
La propuesta establece un procedimiento judicial específico para clausurar estos espacios, avanzar sobre su expropiación cuando corresponda y reincorporarlos al patrimonio público con fines sociales, comunitarios, educativos, sanitarios o de seguridad. Según la administración provincial, la iniciativa se enmarca en la estrategia provincial para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcomenudeo.
Según el Gobierno provincial, el proyecto procura impedir que las propiedades donde funcionaban puntos de venta de drogas vuelvan a ser utilizadas para actividades ilícitas y, al mismo tiempo, transformar esos lugares en espacios de utilidad para los vecinos.
El texto prevé que la Justicia pueda disponer la clausura preventiva de los inmuebles cuando existan elementos suficientes que acrediten su utilización sistemática para la comisión de delitos. Posteriormente, una vez cumplidos los procedimientos legales, el Estado podrá promover su expropiación y recuperación definitiva.
Desde el Ejecutivo destacaron que la medida busca atacar uno de los eslabones de las organizaciones criminales: la infraestructura desde donde operan. La intención es complementar las investigaciones penales con herramientas que permitan recuperar físicamente esos espacios para la comunidad.
La iniciativa será analizada ahora por las comisiones de la Unicameral, donde comenzará su tratamiento legislativo. De ser aprobada, Córdoba incorporará un mecanismo específico para recuperar inmuebles vinculados al delito y destinarlos a políticas públicas en beneficio de la sociedad.
