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(Buenos Aires; SN) – El Gobierno nacional quería eliminar todos los límites para la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La resistencia social y la falta de votos en el Senado lo obligaron a ensayar una alternativa: elevar del 15% al 25% el porcentaje del territorio que podría quedar bajo titularidad foránea.
La modificación todavía no fue presentada formalmente y surge de los borradores que circulan durante las negociaciones encabezadas por Patricia Bullrich. Si se confirma, implicaría un retroceso frente a la liberación absoluta impulsada originalmente por la Casa Rosada, pero también una ampliación del 66,7% sobre el límite establecido por la legislación vigente.
El oficialismo no cambió su posición sobre la apertura de las tierras rurales. Cambió, por ahora, el número que considera posible aprobar.
La propuesta forma parte del proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento se retomaría este jueves en el Senado. La iniciativa también incluye modificaciones en los regímenes de expropiaciones, desalojos y manejo de tierras afectadas por incendios.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país. El mismo límite debe respetarse dentro de cada provincia, municipio, departamento o unidad administrativa equivalente.
Además, ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% del cupo permitido para extranjeros y un mismo titular no puede superar las 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o su superficie equivalente en otras regiones.
La norma también prohíbe la titularidad extranjera de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes y de envergadura. Las tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera tienen, a su vez, restricciones especiales.
El proyecto impulsado por el Gobierno pretendía eliminar los principales límites y permitir que personas físicas o empresas extranjeras adquirieran tierras rurales sin un techo general.
Frente a la dificultad para reunir los votos, el oficialismo analiza ahora incorporar un límite del 25% sobre la superficie nacional, provincial y departamental. Las provincias podrían establecer porcentajes inferiores dentro de sus jurisdicciones.
La diferencia no es menor. Si la propuesta prospera, el máximo permitido no aumentaría diez puntos solamente: crecería un 66,7% respecto del límite actual.
La modificación surgió después de sucesivos intentos fallidos por aprobar el proyecto. El 16 de julio, el oficialismo debió interrumpir el tratamiento y pasar a un cuarto intermedio al advertir que no contaba con los votos necesarios.
La Libertad Avanza posee 21 senadores y necesita sumar al PRO, la Unión Cívica Radical y representantes de fuerzas provinciales. Sin esos respaldos, no puede garantizar la aprobación.
El rechazo a la eliminación de los límites atravesó incluso a sectores habitualmente dispuestos a negociar con la Casa Rosada. Legisladores de provincias fronterizas o con importantes recursos naturales comenzaron a recibir cuestionamientos por el impacto territorial de la reforma.
También expresaron reparos organizaciones sociales, sectores académicos, representantes de la Iglesia católica y la propia vicepresidenta Victoria Villarruel.
En ese escenario, Bullrich recibió autorización para ofrecer modificaciones a los bloques aliados. El objetivo es reunir entre 38 y 40 votos y evitar que vuelva a caerse uno de los capítulos centrales del proyecto.
La alternativa del 25% funciona así como una salida legislativa frente a la falta de apoyo para eliminar completamente el límite. Hasta que se conozca la redacción definitiva, sin embargo, no puede considerarse abandonada formalmente la propuesta original.
La discusión no involucra solamente superficies destinadas a la producción agropecuaria. La Ley de Tierras alcanza predios rurales utilizados para actividades agrícolas, forestales, turísticas y otras explotaciones.
También comprende territorios con agua dulce, minerales, hidrocarburos, bosques, pasos fronterizos y corredores logísticos. Por eso, el debate excede la relación entre vendedores y compradores privados: define qué capacidad conservará el Estado para regular el control de recursos estratégicos.
El argumento oficial sostiene que una mayor apertura permitirá atraer inversiones extranjeras. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, calculó que la eliminación de las restricciones podría generar ingresos por unos 15.000 millones de dólares.
La estimación no explica qué proporción correspondería a nuevas inversiones productivas y cuánto representaría simplemente la compra de tierras ya existentes. Tampoco garantiza que el capital permanezca en las comunidades donde se encuentran los inmuebles ni que la explotación genere empleo o valor agregado local.
La adquisición de una propiedad constituye una transferencia de dominio. No equivale necesariamente a la instalación de una industria, la construcción de infraestructura o la creación de puestos de trabajo.
Los últimos datos disponibles muestran que la presencia extranjera ya posee una dimensión considerable.
Un relevamiento del Observatorio de Tierras, elaborado por investigadores del Conicet y la Universidad de Buenos Aires a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales, estimó que más de 13 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras.
La superficie representa cerca del 5% del territorio nacional y equivale aproximadamente a toda la extensión de Inglaterra.
El promedio nacional, sin embargo, oculta fuertes concentraciones regionales. Los datos oficiales actualizados hasta agosto de 2025 muestran que más de 30 departamentos ya superan el límite legal del 15%. El Observatorio identificó 36 distritos en esa situación.
En Lácar, Neuquén; General Lamadrid, La Rioja; y Molinos y San Carlos, Salta, la extranjerización supera el 50%. Otros departamentos ubicados sobre fronteras, cursos de agua o vías logísticas también presentan porcentajes superiores al límite vigente.
Estados Unidos encabeza la titularidad extranjera con aproximadamente 2,7 millones de hectáreas. Le siguen Italia y España. Entre las tres nacionalidades concentran cerca de la mitad de la superficie rural extranjerizada.
Estos números muestran que la regulación no actúa frente a un escenario hipotético. En distintos puntos del país, el límite vigente ya fue alcanzado o superado.
Otro de los cambios negociados contempla una mayor intervención de los gobiernos provinciales. Según los borradores conocidos, las jurisdicciones podrían fijar topes inferiores al 25% y participar de la autorización de determinadas operaciones.
Para empresas con participación de Estados extranjeros se establecería un sistema de “doble conforme”: la compra requeriría la aprobación tanto de la Nación como de la provincia donde se encuentre el inmueble.
El mecanismo aparece como un control adicional, pero su alcance dependerá de la redacción definitiva, de la reglamentación posterior y de la voluntad política de cada gobierno provincial.
También abre una discusión sobre las desigualdades entre jurisdicciones. Una provincia podría preservar el límite actual o establecer uno más restrictivo, mientras otra podría habilitar el máximo del 25% para atraer capitales.
Córdoba se encuentra actualmente por debajo del promedio nacional de extranjerización y ninguno de sus departamentos aparece entre los que superan el límite legal. Sin embargo, una ampliación del techo también habilitaría un crecimiento futuro de la propiedad extranjera en la provincia.
El Gobierno presenta el techo del 25% como una concesión frente al proyecto que pretendía eliminar completamente las restricciones. La comparación con la propuesta original permite mostrar un retroceso, pero oculta el contraste con la ley que todavía está vigente.
Frente al 15% actual, el nuevo porcentaje permitiría ampliar en dos tercios el territorio rural susceptible de quedar bajo propiedad extranjera.
El cambio tampoco responde a una revisión pública de los riesgos vinculados con la soberanía, los recursos naturales o la concentración territorial. Surgió de una negociación parlamentaria destinada a conseguir los votos que el oficialismo no tenía.
La discusión continuará este jueves en el Senado. Hasta entonces, el techo del 25% seguirá siendo una propuesta en negociación y la eliminación total de los límites permanecerá dentro del proyecto que el Gobierno intentó aprobar.
Milei no consiguió respaldo para liberar por completo la adquisición extranjera de tierras rurales. La alternativa que ofrece no mantiene las protecciones actuales: habilita un 67% más.
