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(Alta Gracia SN) – El Gobierno nacional prometió que la desregulación generaría competencia, inversiones y menores costos. Nueve meses después de modificar el funcionamiento del mercado eléctrico, las grandes industrias argentinas pagaron la energía más cara de las últimas tres décadas.
En junio, el costo del abastecimiento eléctrico para los grandes usuarios industriales rondó los 189 dólares por megavatio hora. El precio prácticamente duplicó los 94,7 dólares registrados durante el mismo mes de 2025 y alcanzó el máximo de la serie iniciada en 1996.
El aumento no llegó sobre una economía en crecimiento. Alcanzó a una industria que acumula caídas en su producción, enfrenta la apertura de importaciones y encuentra cada vez menos compradores dentro del país.
En Córdoba, donde buena parte de la actividad económica depende del entramado industrial, agroalimentario y metalmecánico, el encarecimiento amenaza con traducirse en menor producción, suspensiones, pérdida de puestos de trabajo y nuevos aumentos de precios.
El salto no puede explicarse únicamente por el frío, la demanda invernal o el precio internacional de los combustibles. Esas condiciones elevaron el costo de generación, pero fue una decisión del Gobierno la que determinó que esa diferencia fuera trasladada directamente a las industrias.
El cambio comenzó con la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, que entró en vigencia el 1° de noviembre. La normativa fue firmada por María Tettamanti, funcionaria dependiente del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
La medida forma parte de la agenda de liberalización impulsada por Milei y coordinada políticamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según datos del propio Ministerio, hasta junio de 2026 el Gobierno acumuló 689 normas de desregulación y modificó o eliminó 2.699 normativas.
En el mercado eléctrico, el Gobierno denominó al proceso como una “normalización”. Su argumento fue que la intervención estatal distorsionaba los precios y que la libertad de contratación permitiría reducir costos y atraer inversiones privadas.
El resultado inicial fue distinto: las industrias quedaron más expuestas a la volatilidad energética y el precio alcanzó un récord histórico.
La Resolución 400 creó una categoría para los Grandes Usuarios de Distribución —GUDI—, integrada por establecimientos con una potencia contratada igual o superior a 300 kilovatios.
Para esos usuarios, la energía dejó de estar cubierta por el mismo esquema estacional aplicado a los consumos residenciales y comerciales. Desde noviembre, los costos que se les trasladan deben reflejar el precio del mercado spot, determinado por las condiciones reales de generación.
La norma también habilitó a las generadoras térmicas a administrar sus combustibles y recuperar esos gastos mediante el precio mayorista. En otras palabras, el costo del gas, su transporte y los combustibles alternativos utilizados para producir electricidad termina incorporado al valor pagado por las industrias.
El Gobierno sostuvo que las empresas podían protegerse mediante contratos directos con generadores. Sin embargo, las industrias que no lograron cerrar esos acuerdos quedaron expuestas al precio spot, justamente cuando el invierno, las restricciones de infraestructura y la necesidad de utilizar combustibles más caros dispararon el costo de generación.
En junio, el precio spot llegó aproximadamente a 186,6 dólares por megavatio hora. Si se agregan otros componentes del abastecimiento, el costo para los grandes usuarios alcanzó alrededor de 189 dólares.
En el mismo mes de 2025, antes de la reforma, se ubicaba en 94,7 dólares. El incremento interanual fue cercano al 97%.
Para los grandes usuarios que reciben electricidad mediante distribuidoras, la diferencia entre el valor anticipado en el cuadro tarifario y el costo final del mercado puede aparecer posteriormente como un cargo adicional.
En algunos establecimientos relevados fuera de Córdoba, ese ajuste provocó facturas hasta un 125% más elevadas. No significa que todas las industrias tendrán ese incremento, pero muestra la magnitud del riesgo que el nuevo esquema trasladó al sector productivo.
El economista Eduardo González Olguín advirtió sobre esta situación durante su columna en Siempre Radio.
“Nunca ha sido tan cara la energía eléctrica para las industrias”, afirmó. Para el economista, el récord está directamente relacionado con la desregulación nacional y el desmantelamiento de los mecanismos que protegían a la producción frente a las variaciones del mercado.
El aumento encuentra a la industria cordobesa en una situación crítica. Durante junio, empresas que habían contratado un suministro firme de gas denunciaron recortes de entre el 25% y el 50%.
El presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Luis Macario, explicó que algunas compañías debieron utilizar combustibles alternativos, mientras que otras directamente frenaron procesos para evitar producir a pérdida.
La situación afectó especialmente a actividades que dependen de hornos, secado, refrigeración y maquinaria de funcionamiento continuo. En esos casos, una interrupción del suministro o un aumento extraordinario del costo energético puede volver inviable toda una línea de producción.
Los problemas energéticos se suman a una actividad que ya venía retrocediendo. El relevamiento de la Unión Industrial de Córdoba correspondiente al primer trimestre mostró que el 44% de las 369 empresas consultadas registró una caída en su producción.
Solamente el 16% logró crecer y el 40% se mantuvo estable. Además, el 29% de las empresas redujo personal y apenas el 6% incorporó trabajadores.
El dato muestra que la industria cordobesa no tiene margen para absorber otro incremento significativo. Para muchas empresas, pagar más por la electricidad significa reducir ganancias, postergar inversiones, achicar turnos o trasladar una parte del aumento a los precios.
El problema se completa con la caída del mercado interno. Las industrias deben afrontar costos energéticos récord mientras las familias reducen sus compras.
A nivel nacional, el consumo masivo cayó un 2,7% interanual en junio y acumuló una baja del 2,9% durante el primer semestre. Los kioscos y almacenes registraron una retracción del 4,6%; los mayoristas perdieron un 3,3% y las cadenas de supermercados, un 2,6%.
La producción manufacturera también permanece en rojo. El último informe del Indec indicó una caída interanual del 5,7% en mayo y un retroceso acumulado del 3,1% durante los primeros cinco meses del año.
Catorce de las 16 divisiones industriales relevadas disminuyeron su actividad. Maquinaria y equipos cayó un 23,4%; textiles, un 26,2%; vehículos y autopartes, un 15,9%; y prendas de vestir, cuero y calzado, un 14,7%.
En Córdoba, el Centro de Almaceneros informó que las ventas minoristas acumulan casi un año de caída consecutiva y registran una baja promedio del 8,3%.
La combinación deja a las empresas encerradas entre dos problemas: si trasladan el costo energético a los precios, pueden perder todavía más ventas; si lo absorben, reducen su rentabilidad; y si disminuyen la producción, ponen en riesgo el empleo.
El Gobierno sostiene que la apertura y la competencia terminarán bajando los precios. Por ahora, los datos muestran lo contrario: desde la aplicación del nuevo esquema, el costo eléctrico de los grandes usuarios prácticamente se duplicó y llegó al nivel más alto en 30 años.
La desregulación no creó el frío ni las restricciones de infraestructura, pero definió quién debía pagar sus consecuencias. En lugar de conservar mecanismos que amortiguaran el impacto sobre la producción, el Gobierno trasladó el costo del mercado directamente a las industrias.
Para Córdoba, el resultado es especialmente grave. Una provincia que depende de la industria y el mercado interno enfrenta simultáneamente energía récord, menor consumo, caída productiva y reducción del empleo.
