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(Alta Gracia; SN) – Con el argumento de responder a una supuesta “campaña antiargentina”, el presidente Javier Milei volvió a modificar por decreto la política migratoria. El Gobierno podrá prohibir el ingreso, cancelar la residencia u ordenar la expulsión de extranjeros acusados de promover mensajes de odio contra los argentinos o de ultrajar los símbolos patrios.
La medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma entrará en vigencia el viernes 31 de julio y modifica tres artículos de la Ley de Migraciones.
En términos simples, una persona extranjera podrá ser rechazada en la frontera si las autoridades consideran que difundió expresiones de odio o incitó a la violencia contra el pueblo argentino. Si ya cuenta con residencia en el país, Migraciones podrá cancelarla e intimarla a abandonar el territorio o avanzar con su expulsión.
La decisión no surge de una ley debatida por diputados y senadores. Milei volvió a recurrir a un DNU para modificar una norma nacional y otorgarle al Poder Ejecutivo nuevas herramientas sobre el ingreso y la permanencia de personas extranjeras.
El decreto alcanza a quienes hayan dirigido mensajes de odio, de manera oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra una persona por su nacionalidad. También contempla a quienes hayan participado en actos de “ultraje” contra símbolos patrios o promovido esas acciones.
El texto aclara que no podrán castigarse las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas constitucionalmente. Sin embargo, la amplitud de conceptos como “odio”, “hostilidad” y “ultraje” deja abierta la discusión sobre quién determinará cuándo una expresión atraviesa ese límite.
El constitucionalista Félix Lonigro advirtió que una aplicación exclusivamente administrativa podría derivar en decisiones discrecionales y sostuvo que una expulsión debe contar con intervención judicial. También cuestionó que una modificación de esta naturaleza haya sido instrumentada sin pasar previamente por el Congreso.
La norma dispone que, antes de cancelar una residencia u ordenar una expulsión, deberán considerarse “las circunstancias fácticas y personales” del afectado. No obstante, no desarrolla criterios concretos para diferenciar una crítica legítima de un mensaje sancionable.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno afirma que aumentaron “considerablemente” los mensajes de odio y los actos de hostilidad contra los argentinos, su cultura y su identidad. Sin embargo, no presenta estadísticas, informes oficiales ni casos concretos que demuestren ese crecimiento o expliquen por qué resultaba imposible esperar el tratamiento de una ley en el Congreso. Boletín Oficial
La decisión fue vinculada por la propia Casa Rosada con las críticas recibidas durante y después del Mundial 2026. Milei sostuvo que existió una “campaña antiargentina” financiada por los gobiernos de Brasil y México y por el Partido Demócrata de Estados Unidos, pero no presentó pruebas que respaldaran esa acusación.
A partir de esa denuncia política, el Ejecutivo incorporó una nueva herramienta legal que podrá afectar tanto a turistas que intenten ingresar al país como a personas extranjeras que ya viven, trabajan o mantienen vínculos familiares en la Argentina.
“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, sostuvo la Oficina del Presidente al comunicar la medida.
El nuevo decreto forma parte de un endurecimiento sostenido de la política migratoria. En mayo de 2025, Milei había firmado el DNU 366, que estableció mayores restricciones para obtener la ciudadanía, modificó el acceso de extranjeros a la salud y la educación y trasladó a Migraciones facultades que históricamente pertenecieron a la Justicia.
En junio de este año, la Cámara Nacional Electoral declaró nulo ese decreto en un caso sobre ciudadanía y consideró que el Presidente se había excedido en sus atribuciones. El tribunal sostuvo además que el Gobierno no había demostrado la existencia de una situación excepcional que justificara saltear al Congreso.
Ese mismo mes, el Ministerio de Seguridad creó el Programa de Seguridad Migratoria y unidades especiales dentro de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esas fuerzas fueron habilitadas para realizar tareas de prevención, inteligencia e investigación de infracciones migratorias y actuar como auxiliares de la Dirección Nacional de Migraciones.
El DNU 681 deberá ser analizado ahora por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Mientras tanto, desde este viernes estará vigente una norma que convierte una denuncia política sin pruebas en una nueva causal para cerrar las fronteras o expulsar personas del país.
