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(Alta Gracia; SN) – Javier Milei llegó a la Presidencia con la promesa de “dinamitar” el Banco Central. Tres años después, no solamente mantiene abierta la entidad que definió como “la peor basura que existe sobre la Tierra”, sino que pretende reformarla y blindar a sus autoridades frente a futuros cambios políticos.
En una cadena nacional grabada en la Casa Rosada, el mandatario anunció que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. La iniciativa podría comenzar a debatirse hacia fines de agosto y forma parte de un paquete que también contempla un “grillete fiscal” y reformas de los mercados de capitales y seguros.
El anuncio representa un giro frente a una de las principales banderas de La Libertad Avanza. Durante la campaña de 2023, Milei aseguró que cerraría el organismo y eliminaría el peso. Después de ganar el balotaje, la Oficina del Presidente Electo llegó a comunicar que la desaparición del Banco Central “no era negociable”.
Ahora el objetivo ya no es destruirlo, sino conservarlo con menos funciones, mayores restricciones para financiar al Estado y una conducción mucho más difícil de remover.
Uno de los principales puntos del proyecto establece que el Banco Central tendrá como única misión preservar el valor de la moneda.
La reforma eliminaría los objetivos incorporados en 2012, que también le asignaron responsabilidades sobre la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
El cambio no es simplemente técnico. Significa que las decisiones monetarias quedarán concentradas en combatir la inflación, aunque las medidas adoptadas puedan tener consecuencias sobre la actividad, el crédito o los puestos de trabajo.
Milei volvió a sostener que la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. Esa explicación es discutida por economistas que advierten sobre otros factores, como la evolución del dólar, las tarifas, los combustibles, la concentración económica y la puja por la distribución del ingreso.
Incluso el informe del FMI de mayo consignó que el propio Gobierno atribuyó parte de las dificultades para reducir la inflación durante 2026 a las correcciones de tarifas, combustibles y alimentos. Es decir, reconoció ante el organismo internacional factores adicionales a la cantidad de dinero circulante.
El segundo cambio será la prohibición de financiar al sector público. La restricción alcanzará al Tesoro nacional, las provincias y los municipios e impedirá que el Banco Central compre títulos públicos directamente en el mercado primario.
El Gobierno busca cerrar por ley la posibilidad de utilizar emisión monetaria para cubrir déficits. Con esa decisión también limitará la capacidad del Estado para recurrir al Banco Central frente a crisis económicas o situaciones extraordinarias.
El proyecto modificaría, además, el tratamiento de las ganancias contables de la entidad. Los resultados surgidos de la variación en el valor de determinados activos pasarían a conformar una reserva técnica no distribuible. Las utilidades efectivamente obtenidas solamente podrían ser transferidas al Tesoro bajo condiciones específicas.
Otro de los puntos anunciados es la eliminación de las Letras Intransferibles, títulos entregados por el Estado al Banco Central a cambio de reservas internacionales.
Las condiciones concretas de esa eliminación todavía no fueron explicadas. Hasta que el proyecto ingrese formalmente al Congreso, tampoco se conocerá cómo se contabilizarán esos activos ni qué organismo absorberá eventuales pérdidas.
El tercer eje busca endurecer las condiciones para remover al presidente y a los directores del Banco Central. Actualmente, la designación requiere acuerdo del Senado. La propuesta de Milei establece que una remoción deberá reunir dos tercios de los votos tanto en Diputados como en el Senado.
El Presidente presentó el cambio como una garantía de independencia frente a “los atropellos de la política”. Sin embargo, la nueva regla también podría proteger a las autoridades nombradas por su propio Gobierno frente a una futura administración.
Santiago Bausili conduce el Banco Central en comisión desde diciembre de 2023 y todavía necesita el acuerdo del Senado para completar su designación. Antes de asumir, fue socio del ministro Luis Caputo en la consultora Anker.
Según trascendió, el oficialismo evalúa tratar su pliego después de aprobar la nueva Carta Orgánica. De concretarse esa secuencia, Bausili podría ser confirmado bajo un régimen que volvería considerablemente más difícil su desplazamiento.
La reforma coincide directamente con las recomendaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional. En su informe correspondiente a la segunda revisión del acuerdo, publicado en mayo, el organismo sostuvo que resultaban “esenciales” cambios legales amplios en la Carta Orgánica para fortalecer la independencia, la conducción y la rendición de cuentas del Banco Central.
El Fondo también pidió reforzar las barreras contra el financiamiento monetario del Estado, aclarar los objetivos de la entidad y proteger la independencia de sus autoridades.
El dato más llamativo es que, en ese mismo documento, el Gobierno argentino respondió que la Carta Orgánica vigente no representaba un obstáculo para bajar la inflación y que su modificación “no era una necesidad urgente”.
Dos meses después, y apenas unos días después de que Kristalina Georgieva participara de una reunión del Gabinete nacional en la Casa Rosada, Milei presentó la reforma como uno de los proyectos más importantes de su administración.
El Gobierno no anunció que cerrará el Banco Central ni explicó cuándo podría concretarse aquella dolarización que había prometido durante la campaña. En cambio, avanzó con el diseño institucional recomendado por el principal acreedor de la Argentina.
La reforma del Banco Central estará acompañada por el denominado “grillete fiscal”. El proyecto impediría aprobar o mantener presupuestos deficitarios y activaría una paralización de actividades estatales no esenciales si el Congreso no corrige el desequilibrio dentro de un plazo determinado.
También se suspenderían nuevas contrataciones, gastos y transferencias discrecionales a las provincias. Jubilaciones, pensiones, asignaciones, salud y seguridad quedarían exceptuadas, según anticipó el Presidente.
Milei presentó estas medidas como garantías contra el regreso de políticas anteriores. En los hechos, el paquete busca convertir el programa económico actual en un conjunto de restricciones legales que condicionen a las administraciones futuras.
Todavía falta conocer el texto definitivo y los apoyos que conseguirá el oficialismo en el Congreso. Pero el sentido del giro ya está claro: el Banco Central que Milei prometió dinamitar no desaparecerá. Continuará funcionando, con menos objetivos, una conducción blindada y una Carta Orgánica escrita en sintonía con las exigencias del FMI.
