
En una sesión especial, Diputados debatirá los vetos presidenciales a leyes clave y proyectos impositivos impulsados por los gobernadores.
Los cinco diputados que votaron en contra del proyecto que la UCR había propuesto fueron suspendidos del partido, sin embargo, De Loredo intentará que no se vayan del bloque. Además, los cinco recibieron la invitación para el asado de Milei en la Quinta de Olivos.
Política17 de septiembre de 2024 Redacción SN(SN; con información NA) La Mesa Directiva de la Convención Nacional de la UCR resolvió suspender preventivamente la afiliación partidaria de los cuatro diputados nacionales que representando al radicalismo cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.
Sin embargo, según se supo, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, intentará contenerlos dentro del bloque. “Hay que sumar diputados, no podemos darnos el lujo de perderlos”, señalaron las fuentes consultadas de la conducción partidaria sobre Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, quienes tendrán su ficha de afiliación suspendida mientras dure el proceso de investigación que desde ahora llevará adelante un tribunal de ética partidario.
En realidad fueron cinco los diputados del bloque que votaron a favor del Gobierno y en contra del proyecto que había impulsado la UCR junto a otros bloques, pero Federico Tournier queda al margen de la sanción ya que es un extrapartidario.
El correntino se sumó a la bancada que lidera Rodrigo de Loredo por su vínculo con el gobernador Gustavo Valdés, pero pertenece a otro partido político.
Hay otros dos diputados cuyos casos también serán elevados al Tribunal de Ética para ser investigados: se trata de la santacruceña Roxana Reyes y el chaqueño Gerardo Cipolini, quienes se ausentaron al momento de la votación luego de argumentar a favor de la postura del Gobierno durante el debate.
En el caso de ellos dos, no fueron suspendidos preventivamente del partido como los anteriores cuatro que marcaron su voto en contra del proyecto del radicalismo, sirviendo a los intereses del Gobierno.
La medida disciplinaria contra Campero, Arjol, Picat y Cervi se aprobó por 10 votos contra 2 en la mesa directiva de la convención nacional, que es encabezada por Gastón Manes y Hernán Rossi.
Solamente votaron en contra de la sanción los representantes de Mendoza (responde al gobernador Alfredo Cornejo) y Misiones.
Más allá de este castigo contra los cuatro radicales “violetas” que cambiaron su voto, De Loredo agotará los medios para que no peguen el portazo del bloque.
Según supo NA, Campero ya está con un pie afuera, ya que es el que más lejos llegó al exponer sus diferencias con el bloque, mientras que los otros cuatro (incluyendo a Tournier) están evaluando qué hacer.
“No puede ser que una minoría ruidosa del AMBA, que tiene una impronta de colaboración con el kirchnerismo, tome este tipo de decisiones que va a contramano de lo que piensa la gran mayoría del partido”, cuestionó un influyente diputado de la UCR.
“El radicalismo del interior tiene cinco gobernaciones. ¿El sector de Manes qué gobierna? ¿Y Evolución? Solamente la Universidad de Buenos Aires. Parece que la centralidad de la agenda para ellos es la cuestión universitaria. Ese tema tiene que estar, pero no es el único. Somos el radicalismo, no un centro de estudiantes”, estalló.
La resolución firmada por la Convención Nacional señala: “al tratarse el veto presidencial, cuatro Diputados Nacionales afiliados a la Unión Cívica Radical e integrantes de nuestro Bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido".
"Aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal”, se agrega.
Al hacerse eco de esta decisión partidaria, la diputada nacional de la UCR, Pamela Verasay, despotricó contra Martín Lousteau, quien preside el Comité Nacional de la UCR y apoya la suspensión de los cuatro diputados radicales.
“Presidir la Unión Cívica Radical debería tratarse de escuchar la voluntad de la sociedad, construir consensos y comprender realidades territoriales, no utilizar una conducción transitoria y débil para imponer un pensamiento disfrazado de verdad absoluta”, disparó la mendocina.
El Tribunal de Ética de la UCR está integrado por Alicia Tate de la provincia de Santa Fe, Juan Pedro Tunessi de Buenos Aires y Ricardo Barrios Arrechea de Misiones, quienes tendrán en sus manos la decisión definitiva.
Otro caso polémico que fue pasado por alto es el del entrerriano Pedro Galimberti, quien sospechosamente renunció a su bancada de diputado nacional días antes de la sesión en la que iba a votarse la insistencia de la ley jubilatoria.
Resulta que el gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio, quien hasta hace poco era su rival político, le ofreció un cargo para integrar la Comisión Mixta Técnica de la represa de Salto Grande, por el que cobrará mensualmente en dólares una suma que multiplica la dieta que percibía como legislador nacional.
Así fue que no solamente el bando que intentaba juntar los dos tercios para anular el veto de Javier Milei perdió un voto significativo sino que además le anotó un voto al bando que buscaba blindar el veto, ya que al comienzo de la sesión juró como su reemplazante fue la macrista Nancy Ballejos.
Galimberti bien podría haber renunciado a su cargo de diputado luego de la sesión, habiendo ayudado a la oposición a voltear el veto a la mejora a jubilados, pero decidió adelantar su salida.
La presunción de un sector de la oposición es que en el medio hubo una transacción non sancta para que el Gobierno se compre un voto en una batalla crucial para el objetivo del equilibrio fiscal.
En una sesión especial, Diputados debatirá los vetos presidenciales a leyes clave y proyectos impositivos impulsados por los gobernadores.
La intendenta de Despeñaderos y candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, Carolina Basualdo, aseguró que su objetivo es llevar al Congreso la voz del interior y defender políticas productivas, educativas y de salud frente al centralismo del AMBA.
La Cámara Baja confirmó la convocatoria para el próximo miércoles 20 de agosto a partir de las 12. Además de debatir el rechazo a emergencia en discapacidad y la reforma jubilatoria, se suman los proyectos de los gobernadores y la comisión investigadora por la causa $LIBRA.
Córdoba renueva nueve bancas en Diputados y 18 listas se presentaron para competir en las elecciones de octubre. La fragmentación y la diversidad de fuerzas prometen un escenario electoral intenso.
La intendenta de Despeñaderos será segunda en la lista que conduce Juan Schiaretti en el espacio Provincias Unidas.
Si bien el cierre de lista está pautado para las 0 horas del domingo 17 de agosto, desde las 18 de del sábado comenzaron a firmar los candidatos en la sede de Partido Justicialista ubicada en la calle Matheu, donde se definió a Jorge Taiana en Provincia e Itai Hagman en la Ciudad, para Diputados
Este martes a las 19 en Plaza Solares, instituciones del sector discapacidad convocan a una vigilia con velas, en vísperas del tratamiento en Diputados del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El dueño del departamento en donde fue hallado el cuerpo de la joven asesinada continúa prófugo. La Policía lanzó una orden de captura y lo extendió a la Dirección Nacional de Migraciones.
Se trata del espacio destinado por el Gobierno local para la recepción de materiales para la economía circular, que reemlplazará la actual planta de acopio de Barrio Cámara.
El joven de 23 años fue sorprendido por los uniformados con una ganzúa artesanal metálica, instrumento con el cual habría ocasionado daños en el tambor de contacto de una motocicleta.
Decenas de vecinos se manifiestan en Plaza Solares en rechazo al veto del presidente Javier Milei, que significa un retroceso y pérdida de derechos para la ciudadanía.