(SN; con información de La Nueva Mañana) El miércoles finalizó el "Juicio Ético en Defensa de la Educación Universitaria, Pública, Gratuita y de Calidad" en el cual fueron repudiados los diputados y senadores de Córdoba que votaron en contra del proyecto de ley de Financiamiento Universitario o que apoyaron el veto presidencial una vez que la norma fue aprobada.
Vale decir que este Juicio Ético es una modalidad utilizada que deja constancia de una sentencia de carácter social, la cual espresa la voluntad popular sobre determinados hechos. En este caso se juzgó la actuación de los diputados Luis Albino Picat, Gabriel Marcos Bornoroni, María Celeste Ponce, Belén Avico, Laura Elena Rodríguez Machado, María Cecilia Ibáñez y la senadora nacional cordobesa Carmen Silvia Álvarez Rivero.
La actividad fue organizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba junto a la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (Aduncor) y se realizó en Museo de Antropología.
Los diferentes testigos aportaron argumentos sólidos para comprender el repudio generalizado a la posición de las y los legisladores nacionales cordobeses, quienes, según la sentencia "ubican al sistema universitario y científico público y nacional, dentro de una crisis económica sin precedentes", informó La Nueva Mañana.
La sentencia también señala que los Legisladores elegidos por la Provincia de Córdoba procedieron a la "violación de principios éticos fundamentales, contenidos en la Constitución Nacional, en su actuación respecto a la educación universitaria pública, gratuita y de calidad". De esta manera, un centenar de personas repudiaron sus actos y dejaron asentado que incumplieron su labor.
La presidencia del tribunal técnico estuvo a cargo de Miguel Rodríguez Villafañe, ex Juez Federal y abogado, y las vocales fueron Flavia Dezzutto (Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC) y Patricia Coppola (profesora de Filosofía del Derecho e Introducción al Derecho UNC).
El rol de las y los secretarios fue ocupado por Moisés David Dib (médico especialista. Medicina legal – vocal de APDH Cñordoba) junto a Mabel Sessa (Abogada – Copresidenta APDH Córdoba).
Los fiscales fueron Hugo Seleme (Doctor en Derecho y Profesor de Ética Jurídica Facultad de Dererecho de la UNC) e Irina Santisteban (periodista, abogada, ex miembro del Poder judicial de Córdoba). El defensor fue Nicolás Cocca.
