Bajo este concepto repudiaron el accionar e los legisladores cordobeses que votaron en contra del proyecto de ley de Financiamiento Universitario o que apoyaron el veto presidencial una vez que la norma fue aprobada.
Provinciales14 de noviembre de 2024 Redacción SN
(SN; con información de La Nueva Mañana) El miércoles finalizó el "Juicio Ético en Defensa de la Educación Universitaria, Pública, Gratuita y de Calidad" en el cual fueron repudiados los diputados y senadores de Córdoba que votaron en contra del proyecto de ley de Financiamiento Universitario o que apoyaron el veto presidencial una vez que la norma fue aprobada.
Vale decir que este Juicio Ético es una modalidad utilizada que deja constancia de una sentencia de carácter social, la cual espresa la voluntad popular sobre determinados hechos. En este caso se juzgó la actuación de los diputados Luis Albino Picat, Gabriel Marcos Bornoroni, María Celeste Ponce, Belén Avico, Laura Elena Rodríguez Machado, María Cecilia Ibáñez y la senadora nacional cordobesa Carmen Silvia Álvarez Rivero.
La actividad fue organizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba junto a la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (Aduncor) y se realizó en Museo de Antropología.
Los diferentes testigos aportaron argumentos sólidos para comprender el repudio generalizado a la posición de las y los legisladores nacionales cordobeses, quienes, según la sentencia "ubican al sistema universitario y científico público y nacional, dentro de una crisis económica sin precedentes", informó La Nueva Mañana.
La sentencia también señala que los Legisladores elegidos por la Provincia de Córdoba procedieron a la "violación de principios éticos fundamentales, contenidos en la Constitución Nacional, en su actuación respecto a la educación universitaria pública, gratuita y de calidad". De esta manera, un centenar de personas repudiaron sus actos y dejaron asentado que incumplieron su labor.
La presidencia del tribunal técnico estuvo a cargo de Miguel Rodríguez Villafañe, ex Juez Federal y abogado, y las vocales fueron Flavia Dezzutto (Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC) y Patricia Coppola (profesora de Filosofía del Derecho e Introducción al Derecho UNC).
El rol de las y los secretarios fue ocupado por Moisés David Dib (médico especialista. Medicina legal – vocal de APDH Cñordoba) junto a Mabel Sessa (Abogada – Copresidenta APDH Córdoba).
Los fiscales fueron Hugo Seleme (Doctor en Derecho y Profesor de Ética Jurídica Facultad de Dererecho de la UNC) e Irina Santisteban (periodista, abogada, ex miembro del Poder judicial de Córdoba). El defensor fue Nicolás Cocca.
El incremento registrado sumó 2.3% para octubre y alcanzó el 34.7% en la medida interanual. Esta suba se ve reflejada en las principales clasificaciones de consumo provincial junto a los bienes y servicios.
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El Gobierno provincial realizó el “Informe de Incendios Forestales 2025”, que marcó una rotunda baja de hectáreas afectadas en relación a 2024, cuando se quemaron más de 100.000.
Además, los uniformados secuestraron la suma de cuatro millones de pesos. El fiscal José Bringas avanza con la causa que investiga la maniobra ilegal realizada a través de la facturación de consultas médicas que nunca se realizaban.
Se esperan precipitaciones abundantes en sectores puntuales y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en las zonas sur y centro de la provincia.
El Gobierno provincial comunicó el despliegue conjunto entre la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, en conjunto con la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario de Córdoba, que registró unos 30 allanamientos y el secuestro de dinero y estupefacientes.
El responsable de Salud de la comuna es dueño de un centro médico privado. Una bioquímica vinculada a la Tesorera comunal presta servicios en ambos espacios. Crecen las dudas sobre el manejo del área sanitaria.
Los propietarios cuentan con cinco días hábiles para realizar el reclamo en la Secretaría de Gobierno, Salud y Desarrollo del municipio.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) realizó un relevamiento correspondiente a los últimos 20 años y que evidencian una situación que se agudiza en el país.
Este martes finalizaron las audiencias del juicio, en el que Herrera fue considerado autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, amenazas calificadas y homicidio doblemente calificado por mediar violencia de género.
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