Alta Gracia: última bala en el juicio por el despido de un empleado municipal

(Alta Gracia; SN) En diciembre pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ratificó la nulidad del despido de José Vicente Murúa, ex empleado de la Municipalidad de Alta Gracia, y ordenó su reincorporación. El fallo confirmó la decisión de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación, que había declarado inválido el decreto que dispuso su cesantía. La Municipalidad, disconforme con la resolución, presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la sentencia.

Murúa, quien también en diciembre presentó una nota ante el Concejo Deliberante denunciando lo que considera un enorme injusticia, reclama además de su reincorporación a la Municipalidad una millonaria indemnización, teniendo en cuenta que fue despedido el 4 de septiembre de 2017 y ahora la Justicia exige el pago de salarios, aguinaldos, vacaciones y actualizaciones de los últimos siete años.

Para el gobierno municipal, Murúa fue un "empleado infiel" - según palabras de un alto funcionario- porque al recibirse de abogado comenzó a representar a algunos de sus compañeros en demandas contra la Municipalidad de Alta Gracia, lo que le estaba prohibido por su propia relación de dependencia.

El detonante que decidió su despido radicó en que Murúa retiró de los tribunales de Alta Gracia oficios de demandas de empleados municipales, firmando ese retiro en calidad de abogado y dejando constancia de su número de matrícula. Murúa argumenta que se trató de un favor que le hizo al abogado Marcelo Gastón Echenique, a quien se los llevó hasta su estudio en la ciudad de Córdoba.

El conflicto judicial

Murúa inició una demanda contra el municipio argumentando que el sumario administrativo en su contra se llevó a cabo mientras se encontraba bajo licencia médica por problemas de salud mental, afectando su derecho de defensa.

El TSJ analizó el proceso y concluyó que la Municipalidad no fundamentó debidamente la cesantía. Entre los puntos señalados en el fallo, se destacó que el municipio no probó que Murúa hubiera actuado como patrocinante en litigios contra la administración, la razón esgrimida para su despido. Sin embargo, la Municipalidad insiste en que la cesantía de Murúa estaba justificada, ya que violó la Ordenanza 2147, que prohíbe a los empleados municipales representar litigantes contra el municipio. Además, el TSJ reconoció la falta cometida por Murúa, pero anuló la sanción por considerarla desproporcionada, sin argumentar qué otra sanción sería adecuada. En consecuencia, la sentencia ordenó su reincorporación en el cargo que ocupaba al momento del despido y el pago de una compensación por los daños ocasionados.

La respuesta del municipio

Ante esta decisión, la Municipalidad de Alta Gracia presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de que la Corte Suprema revoque el fallo del Tribunal Superior de Justicia. En su presentación, el municipio argumentó que la sentencia es arbitraria y vulnera principios constitucionales, como el derecho al debido proceso y a la doble instancia. Sostuvo que el sumario se realizó conforme a derecho y que Murúa tuvo oportunidad de ejercer su defensa.

Murúa "tuvo en el caso plena oportunidad de efectuar su descargo y ejercer su derecho de defensa. En efecto, el Señor Murúa concurrió personalmente a la audiencia, tuvo asistencia de su letrado, se anotició debidamente de la imputación, se le proporcionaron las copias del sumario, pudo expresar su decisión de rechazar el procedimiento "por falsa causa ilegal y arbitraria" y anticipó que haría su descargo por escrito, solicitó plazo para ello y se le concedió el término previsto en la norma especial para concretar su defensa, por lo que en modo alguno se advierte configurada en el caso la indefensión invocada y luego confirmada por el Tribunal", dice el recurso prersentado por Daniel Villar.

Y en relación al haber sido despedido encontrándose bajo carpeta psiquiátrica, la presentación del Asesor Letrado sostiene que "debe adviértase que su solicitud fue presentada luego de la indagatoria y ya vencido el plazo otorgado por la norma para efectuar el descargo por escrito solicitado por el propio actor. Debe tenerse en cuenta que no toda licencia médica solicitada en el marco de un sumario administrativo resulta hábil para suspender su tramitación".

Además, cuestionó la indemnización impuesta, alegando que no existen pruebas suficientes del perjuicio económico y moral reclamado por el trabajador.

El municipio también enfatizó que el fallo del Tribunal Superior modificó el fundamento de la nulidad de la cesantía, lo que impidió su legítimo derecho a defensa. En su recurso, advirtió que la resolución afecta el principio de legalidad y la autonomía municipal en la aplicación de sanciones disciplinarias a sus empleados, es decir, que una vez reconocida la falta de Murúa el TSJ no tiene competencia para juzgar qué sanción corresponde, ya que se trata de una atribución de la empleadora.

La última bala

Ahora, el TSJ deberá decidir si dar trámite al recurso extraordinario presentado por la Municipalidad y, en tal caso, elevarlo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De ser rechazado, el fallo del Tribunal Superior quedará firme y el municipio deberá cumplir con la reincorporación de Murúa y el pago de la indemnización correspondiente.

El Caso Murúa promete leña al fuego para el caldeado año electoral.  Cuando fue despedido, algunos concejales opositores plantearon que el gobierno llevaba a la Municipalidad a un costosísmo juicio perdido.

"Aún perdiéndolo, en caso que la Justicia no atienda a nuestros argumentos, pagar esa indemnización resulta mucho menos cosotoso que lo hubiera habido que pagar ante la avalancha de juicios de empleados que Murúa estaba llevándole a Echenique, y que se esfumaron con su despido", juzgó una calificadea fuente del gobierno local.