La Agencia Nacional de Discapacidad publicó una resolución con términos discriminatorios para clasificar a personas con discapacidad, generando repudio social y evidenciando un retroceso en derechos. A pesar de prometer cambios en el lenguaje, el ajuste en las pensiones sigue en pie.
Actualidad28 de febrero de 2025 SN
(SN; Alta Gracia). La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) quedó en el centro de la controversia tras la publicación de una resolución en el Boletín Oficial que utilizaba términos discriminatorios y obsoletos para clasificar a las personas con discapacidad. A pesar de reconocer el error y prometer modificaciones en el lenguaje, el ajuste en las pensiones no contributivas continuará, generando un amplio rechazo en la sociedad y en organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad.
La resolución, firmada por el titular de Andis, Diego Spagnuolo, incluía categorías como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para definir niveles de discapacidad intelectual, términos que fueron descartados hace décadas por la comunidad médica y que vulneran la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina está adherida.
Romina Zejdlick, presidenta de la Fundación por la Inclusión Plena, expresó su indignación: “Es inadmisible que desde un organismo gubernamental se utilicen palabras tan ofensivas. Esto refleja la falta de capacitación y sensibilidad de quienes ocupan cargos clave en políticas de discapacidad”.
Según Zejdlick, la resolución evidencia un retroceso preocupante en materia de derechos: “Reproducir estos términos perpetúa estigmas que tanto costó erradicar. Más allá de que prometan cambiar la redacción, el daño ya está hecho”.
El repudio fue masivo y transversal. Organizaciones, familias, educadores y ciudadanos se manifestaron en redes sociales y medios de comunicación exigiendo responsabilidades. Como consecuencia, Andis removió a una funcionaria de segundo rango, aunque la medida fue considerada insuficiente. “Quien firma un documento debe leerlo y comprender su impacto. Si esto pasó, es porque hay una falla estructural grave”, apuntó Zejdlick.
Además del lenguaje utilizado, preocupa la continuidad del ajuste en las pensiones por discapacidad, que endurecerá los requisitos para acceder a este beneficio. “Detrás de cada pensionado hay una persona que necesita apoyo para vivir con dignidad. Ajustar en este sector es dejar desprotegidas a las familias más vulnerables”, alertó la referente.
Desde la Fundación por la Inclusión Plena continúan brindando capacitaciones gratuitas para informar a la comunidad sobre los derechos de las personas con discapacidad y generar conciencia social.
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