Se trata de la decisión de la jueza Penal Karina Andrade, quien tomó la decisión de liberar a los 114 detenidos ya que no tenían una orden de captura ni, mucho menos, una documentación que detalle el ilícito cometido. “Mi función es que se respeten los derechos constitucionales”, expresó.
Nacionales14 de marzo de 2025 Redacción SN
(SN; con información de La Nueva Mañana) Durante la represión a la última marcha convocada el pasado miércoles frente al Congreso en defensa de los jubilados, las fuerzas de seguridad detuvieron a 114 personas, entre quienes estaban niños, jubilados, manifestantes y todo aquel que tuviese alguna bandera de clubes de fútbol. Tras este hecho, la jueza Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade liberó a todos los arrestados para garantizar “derechos constitucionales”. Las detenciones no tenían fecha, hora, motivos y en algunos casos ni nombre de las personas.
En una entrevista con la periodista María O'Donnell, la Jueza explicó tomó esta decisión luego de asegurarse que ninguna de estas personas tenía pedido de captura y en virtud de que la Policía no entregó documentación formal que detallara qué ilícito había cometido cada una. Además, la liberación se sustentó para garantizar "el derecho a manifestarse".
Andrade consideró que las detenciones se produjeron en el marco de una protesta de jubilados.
Cabe mencionar que su decisión fue duramente cuestionada por el Gobierno Nacional y que incluso algunos medios afines al oficialismo la tildaron de "camporista" para dejar entrever que en su accionar había un sesgo opositor.
“En el momento del control de la detención, lo que importa es el pedido de captura. Yo no estaba siendo informada de nada. Mi función era el control de legalidad, que se respeten los derechos constitucionales”, expresó Andrade.
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En el video se puede observar como en algunos casos, los efectivos se llevan a las personas cuando solo están parados en la vereda, los toman por sorpresa y los llevan al móvil de una manera muy violenta.
Por otro lado aclaró que aquellas personas detenidas que portaban armas no fueron excarcelados.
Paralelamente, docentes nucleados en la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP) compartieron un respaldo a Andrade, a través de un comunicado firmado por Matilde Bruera (UNR), Alejandro W. Slokar (UBA /UNLP), Daniel Erbetta (UNR), Marcelo Riquert (UNMdP), Ricardo Álvarez (UNL), Omar Palermo (UNCuyo) y Javier De Luca (UBA), entre otros.
Repasa el diario Ámbito que los académicos resaltaron la "irrestricta vigencia" de los "derechos de libertad de reunión (arts. 14 CN, 15 CADH y 21 PIDCyP), de libertad de expresión y de peticionar a las autoridades (arts. 14 CN 13 CADH y 19 PIDCyCP)" que disponen la legalidad de las protestas llevadas a cabo durante la marcha de los jubilados.
Los profesores exigieron el "resguardo de la independencia judicial en la labor llevada a cabo por la jueza penal Karina Andrade en los lamentables hechos de conocimiento público ocurridos en proximidades del Congreso Nacional en la jornada de ayer (por el miércoles)".
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