En medio de una crisis profunda que afecta a instituciones, prestadores y personas con discapacidad, este miércoles se debate en el Congreso el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad.
Actualidad29 de abril de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) En un contexto de profundo deterioro del sistema de atención a personas con discapacidad, instituciones locales se sumarán este miércoles 30 de abril a una jornada nacional de visibilización en apoyo al tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad. En la Plaza Manuel Solares, se realizará una clase abierta de 11 a 12:30 horas para informar sobre el alcance de la iniciativa que busca revertir el desfinanciamiento del sector.
La actividad se desarrollará en simultáneo con otras expresiones públicas en distintas ciudades del país, mientras en el Congreso se discute el proyecto en la Comisión de Presupuesto. La norma ya cuenta con media sanción en la Comisión de Discapacidad y, de avanzar esta instancia, podrá ser tratada en el recinto por los diputados.
Desde las organizaciones participantes advierten que la situación es crítica. La atención integral que reciben las personas con discapacidad depende en gran parte de instituciones que hoy enfrentan serias dificultades para sostener sus servicios. La falta de actualización de aranceles, el congelamiento de asignaciones y la ausencia de diálogo con el Poder Ejecutivo han generado un escenario insostenible, según denuncian.
El proyecto de ley busca declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Entre sus objetivos principales se encuentra garantizar el financiamiento de las pensiones no contributivas, actualizar los aranceles de los prestadores de servicios regulados por la Ley 24.901 y asegurar los fondos para programas de salud, inclusión laboral y accesibilidad. También promueve la creación de mecanismos de diálogo permanente con personas con discapacidad y las entidades que las representan.
Además de atender la situación económica del sector prestacional —que no recibe actualizaciones desde septiembre del año pasado—, la propuesta incluye el fortalecimiento de políticas públicas vinculadas a la educación, la salud, la rehabilitación y el empleo protegido.
Las instituciones locales, que decidieron suspender la atención este miércoles para participar de la actividad, hicieron un llamado a la comunidad a acompañar la iniciativa. “Esto no es solo una problemática sectorial. Es un tema de derechos humanos que nos involucra a todos”, expresaron. También remarcaron la necesidad de que familias y personas con discapacidad participen activamente de la clase abierta para comprender la gravedad del panorama actual.
Desde el sector advierten que, aun si la ley es aprobada, su implementación dependerá del compromiso del Estado. "La norma no resolverá todos los problemas, pero es un paso fundamental para que se escuche nuestra voz", señalaron.
A continuación, se reproduce el comunicado completo difundido por las organizaciones:
Todos sabemos que hace rato que el sector de discapacidad atraviesa una grave crisis que se ha profundizado en este último tiempo. La situación actual no es producto de los últimos meses pero, lamentablemente hoy, ha llegado a un punto crítico.
Hoy miércoles 30 de abril, se está tratando en la Comisión de Presupuesto el proyecto de Ley de Emergencia de discapacidad que ya fue aprobada en la comisión de discapacidad y, una vez aprobada en la Comisión Presupuesto, pasaría a ser tratada por diputados en el Recinto.
En paralelo, en distintos puntos del país, estamos visibilizando esta problemática.
Creemos de suma importancia que se involucre el PODER LEGISLATIVO ya que, los mecanismos a través de los cuales se ha intentado generar diálogo con el EJECUTIVO, hasta ahora han fracasado. Por este motivo, creemos importante que los legisladores traten este proyecto de Ley y pongan en agenda la problemática de un sector vulnerable que históricamente se ha encontrado con barreras para acceder a sus derechos y participación.
El camino será largo y requerirá de mucha energía porque tiene diferentes momentos y tiempos de tratamiento, pero, de alguna manera, permite que los poderes que conforman nuestro sistema de gobierno se involucren en una problemática de TODOS. Nadie está exento de tener discapacidad en algún momento de su vida.
La Ley no es la panacea porque aún avanzando todos los tiempos legislativos y reglamentarios, corre el riesgo de ser vetada por el Ejecutivo. Pero al menos es un mecanismo a través del cual nos hacemos escuchar. Y, ojalá, llegue a ser Ley.
La calidad de vida de las personas en situación de discapacidad, que en gran medida requiere el acceso a tratamientos complejos e interdisciplinarios, desde hace tiempo, está siendo sostenida por las instituciones que, aún cuando estamos camino a un desfinanciamiento, seguimos sosteniendo derechos que el Estado no propicia. Seguimos sosteniendo propuestas y generando, desde la creatividad, prácticas que son indispensables para las PCD pero que no sólo pueden generarse con nuestro compromiso, sino que requieren el financiamiento adecuado.
Lo grave es que, por más voluntad que pongamos, si esto sigue así, no se podrá seguir sosteniendo por mucho más tiempo la calidad de la propuesta que las PCD merecen, por derecho propio.
Los puntos de la Ley de Emergencia no sólo están orientados al sector prestacional. Si bien es real que los prestadores recibimos como último aumento el 1.8 en septiembre del año pasado y el nomenclador no sólo ha quedado por debajo del mínimo ético sino que ya se ha alejado tanto del real costo de vida que a las instituciones nos resulta muy complejo poder seguir funcionando, pero, decía, si bien es real esta problemática, el proyecto de Ley no sólo apunta a esta problemática sino a otras que afectan el sector. Quizá es muy ambicioso en el contexto actual pero, apunta a dar un respiro a un sector históricamente vulnerado y vulnerable.
PUNTOS CLAVE DEL PROYECTO DE LEY
El objeto de la Ley es que se declare en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive, la Emergencia en Discapacidad para que se adopten las medidas legislativas, ejecutivas, administrativas que sean pertinentes para asegurar, entre otros, los derechos al nivel adecuado de VIDA, SALUD, HABILITACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, PROTECCIÓN SOCIAL Y TRABAJO de las personas con discapacidad.
En líneas generales, está orientada hacia que esta Ley permita:
• Disponer el financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad
• Fortalecer a los prestadores de la Ley 24.901. Disponer el financiamiento adecuado y sostenible e implementar en forma expeditiva la actualización mensual del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con discapacidad instituido por la Ley 24.901
• Disponer el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y de los programas de atención médica de titulares de pensiones no contributivas, de acciones de inclusión de las personas con discapacidad, de prevención de discapacidades, de promoción del modelo social de discapacidad y accesibilidad en Municipios
• Disponer el financiamiento adecuado y sostenible para el efectivo cumplimiento de la Ley 26.816 – RÉGIMEN FEDERAL DE EMPLEO PROTEGIDO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, actualizando la asignación mensual estímulo (que actualmente es de 28.000 pesos) de acuerdo al equivalente del porcentaje del Salario Mínimo Vital y Móvil
• Disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, y con los prestadores de servicios a su favor, a los efectos de la incorporación de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en todas las políticas públicas en la materia
El proyecto de Ley pretende, en síntesis:
Que se disponga el financiamiento adecuado para:
• Pensiones no contributivas
• Nomenclador de prestadores de la Ley 24.901
• Empleo protegido
Abrir el diálogo que se ha cerrado
Respetar la nomenclatura y los derechos de la Convención a la que Argentina adhirió dándole jerarquía constitucional
El presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó que desde este jueves los precios de nafta y gasoil bajarán un promedio del 4%. La medida busca adecuarse al mercado internacional y aliviar el gasto en movilidad de los consumidores.
En medio de un delicado contexto financiero y fuertes recortes nacionales, el intendente Daniel Passerini pidió la renuncia de todos los funcionarios de su gabinete. La medida alcanza a secretarios, directores, entes descentralizados y personal contratado, y busca una reducción del 30% en la planta política.
Empleados judiciales de Alta Gracia realizan asambleas y medidas de fuerza en reclamo de una equiparación salarial con la Justicia Federal. Denuncian sueldos por debajo de la línea de pobreza y advierten que, de no obtener respuestas, profundizarán el plan de lucha.
Racing de Córdoba abrió las inscripciones para la temporada 2025. La propuesta incluye categorías masculinas y femeninas, y se desarrolla en el predio de calle Bútori esquina García en el complejo La Gruta.
Alba Quintana se dirigía a su trabajo en motocicleta cuando fue embestida por un auto. Sufrió graves lesiones y su familia impulsa una campaña solidaria para colaborar con su recuperación.
Este sábado 26 desde las 16, calle Urquiza se transformará en un paseo peatonal con charlas de autores, feria de libros, talleres y cafeterías al aire libre. La propuesta es impulsada por el Centro de Comercio en el marco del Día del Libro.
21 localidades del Departamento Río Segundo se sumaron a la red cooperativa y mutualista que Cooperar viene impulsando desde hace ocho años. Buscan fortalecer el desarrollo local y la economía solidaria.
El accidente se produjo sobre la ruta C-45. El adulto mayor fue trasladado al Hospital de Malagueño con politraumatismos.
En medio de un delicado contexto financiero y fuertes recortes nacionales, el intendente Daniel Passerini pidió la renuncia de todos los funcionarios de su gabinete. La medida alcanza a secretarios, directores, entes descentralizados y personal contratado, y busca una reducción del 30% en la planta política.
En medio de una crisis profunda que afecta a instituciones, prestadores y personas con discapacidad, este miércoles se debate en el Congreso el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad.
Este martes, el gobernador Martín LLaryora firmó el Fondo Federal Cordobés, iniciativa destinada a promover el desarrollo de localidades de todo el territorio provincial en un contexto nacional de restricciones económicas y financieras.
