La central sindical considera que el DNU 340/2025 limita derechos constitucionales. "Vamos a impugnarlo como hicimos con el 70/23", adelantó Andrés Rodríguez.
Actualidad23 de mayo de 2025 SN
(SN; Con Información de NA) La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que recurrirá a la Justicia para impugnar el decreto 340/2025, que restringe el derecho de huelga en una amplia gama de actividades que el Gobierno ahora considera “esenciales”. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, obliga a garantizar entre un 50 y un 75% de funcionamiento en caso de conflicto gremial.
Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT y titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), afirmó que la normativa “es una limitación total al derecho de huelga que está en la Constitución nacional y en normativas internacionales”. El dirigente calificó la medida como una reedición del DNU 70/2023, parcialmente suspendido por la Justicia.
“El derecho de huelga es constitucional y es un recurso legítimo cuando no hay diálogo, como ahora”, señaló Rodríguez en declaraciones radiales. “Estamos preparando una impugnación judicial como hicimos con el DNU anterior”, agregó.
La CGT sostiene que el nuevo decreto busca desalentar la protesta sindical y criticó al Gobierno por no convocar a instancias de negociación. “Se está generando un clima adverso y de confusión. Nadie nos llamó a dialogar. Acabamos de terminar un plan de lucha por la pérdida del poder adquisitivo que concluyó en un paro nacional”, recordó el dirigente.
El decreto 340/2025 incluye dentro de las actividades esenciales a los servicios sanitarios y hospitalarios, distribución de medicamentos, producción y distribución de energía, servicios de telecomunicaciones, educación, transporte de personas y mercancías, y control migratorio, entre otros. Todos ellos deberán mantener operatividad obligatoria aún en medio de una huelga.
Desde la CGT anticiparon que seguirán resistiendo “cualquier intento de vulnerar derechos consagrados”, al tiempo que insistieron en la necesidad de establecer canales institucionales de diálogo con el Ejecutivo.
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