El Gobierno nacional oficializó un decreto que permite a la Policía Federal requisar personas y vehículos sin orden judicial durante protestas, en una semana marcada por la movilización en defensa de Cristina Kirchner.
Actualidad17 de junio de 2025 SN
(SN; Buenos Aires) En un contexto de creciente tensión social, el Gobierno nacional oficializó una reforma profunda del Estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA) que incluye la autorización para realizar requisas a personas y vehículos sin orden judicial en el marco de operativos en la vía pública o movilizaciones masivas. La medida se conoció a través del decreto 383/2025, firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y publicado en el Boletín Oficial.
La decisión llega en la misma semana en que se convocó una masiva movilización en respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, detenida recientemente. El documento indica que la Policía podrá “inspeccionar efectos que lleven consigo [las personas], así como el interior de los vehículos” sin orden previa, siempre que existan “circunstancias objetivas” que permitan presumir la comisión de un delito o el peligro de pérdida de pruebas.
Además del nuevo alcance en tareas de prevención e investigación, el decreto contempla una reestructuración integral de la PFA. Según el texto oficial, el objetivo es transformar la fuerza en “más eficiente, reducida y capaz de responder mejor a su principal misión”: la investigación de delitos federales y complejos.
Entre las modificaciones más relevantes, se habilita a la institución a exigir el pago de gastos por servicios prestados, como seguridad en aeropuertos o en sitios considerados “objetivos críticos”. También se establece que la Dirección General de Asuntos Internos, además de depender de la propia Policía, tendrá un vínculo funcional con el Ministerio de Seguridad, con el objetivo declarado de “garantizar eficacia y transparencia”.
La reforma contempla, además, un rediseño del perfil de los nuevos ingresantes a la fuerza. El ministerio deberá “redefinir la cantidad y características del personal”, en consonancia con las nuevas metas institucionales. Esta decisión llega poco después de un caso que generó conmoción pública: un efectivo recién egresado disparó más de 11 veces en pocos segundos y mató a Thiago Correa.
El decreto también crea un Programa Presupuestario de Modernización de la PFA, que estará bajo la órbita directa de Bullrich y se financiará con los fondos ahorrados por la reducción en el ingreso de personal. El plan prevé inversiones en tecnologías de información, investigación forense y digitalización de procesos.
Entre los ejes estratégicos definidos por el Gobierno se encuentran: la actualización del marco organizativo de la PFA, la modernización de protocolos, el fortalecimiento de la gobernanza institucional y la reasignación de recursos a áreas consideradas prioritarias. Para ello, se instruye al Ministerio de Seguridad a realizar traslados de personal y reestructuraciones internas según las nuevas misiones asignadas.
La decisión gubernamental fue cuestionada por organismos de derechos humanos y sectores de la oposición, que advierten sobre el avance del control estatal en el espacio público y la vulneración de garantías constitucionales como el derecho a la privacidad y la libertad de manifestación. Mientras tanto, desde el Ejecutivo insisten en que se trata de un proceso de modernización necesario para enfrentar el delito complejo con mayor eficacia.
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