(SN; Buenos Aires) Con un mensaje escueto y sin contemplaciones, el Gobierno Nacional oficializó este lunes el veto presidencial a tres leyes votadas por el Congreso que buscaban aliviar la situación de los sectores más postergados del país: jubilados, personas con discapacidad y ciudadanos sin aportes previsionales.
La decisión, firmada por Javier Milei, fue comunicada bajo el ya habitual lema de campaña convertido en doctrina de gestión: “No hay plata”. De ese modo, el Ejecutivo dejó sin efecto un paquete de medidas que representaban un mínimo gesto de reparación en un contexto de ajuste brutal.
Las leyes vetadas incluían un aumento para jubilaciones que no alcanzan a cubrir la canasta básica, la reactivación de la moratoria previsional para personas que no llegaron a jubilarse por falta de aportes, y la declaración de emergencia en discapacidad, sector duramente golpeado por los recortes en programas, traslados y coberturas médicas.
El argumento: el ajuste como mandato
“La Oficina del Presidente informa que el presidente de la Nación Javier Milei ha vetado los proyectos [...] atentando contra el equilibrio fiscal”, señala el comunicado oficial. Según el texto, las iniciativas representaban un gasto “sin respaldo” por más de 7 billones de pesos en lo que queda de 2025, y 17 billones para 2026.
“El mismo sector político que llevó a la Argentina a la pobreza, ahora quiere volver a hundirla con proyectos irresponsables”, acusó el Gobierno en tono confrontativo, como si garantizar derechos básicos fuera un acto de irresponsabilidad fiscal.
Derechos postergados, vidas descartadas
El veto presidencial no es un mero trámite administrativo: representa una decisión política con consecuencias directas sobre la vida de millones de personas. Mientras se sostiene un ajuste que impacta de lleno en los sectores más pobres, se cancela la posibilidad de una mínima recomposición para quienes trabajaron toda su vida, y se desatiende a personas con discapacidad que dependen de dispositivos, terapias y traslados hoy desfinanciados.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos denunciaron la medida como “cruel, regresiva y deshumanizante”. Desde distintos sectores, señalan que esta lógica económica no distingue entre equilibrio fiscal y abandono.
Una gestión que prioriza el Excel sobre las personas
En un contexto donde se multiplican los despidos, se recortan subsidios y se congelan partidas sociales, el mensaje del Gobierno es claro: el ajuste no se negocia, aunque eso implique dejar sin protección a quienes más la necesitan.
“El presidente Milei prefiere decir una verdad incómoda antes que repetir mentiras confortables”, cierra el comunicado, reafirmando la postura del Ejecutivo. Pero para millones de jubilados y personas con discapacidad, esa “verdad incómoda” se traduce en medicamentos impagables, pensiones anuladas y derechos que se evaporan bajo la consigna del déficit cero.
