(SN; Buenos Aires) El Gobierno nacional sufrió un duro traspié político luego de que el Senado rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Frente a este escenario, el oficialismo prepara una ofensiva judicial para frenar la aplicación de la norma, en un contexto atravesado por la polémica por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que involucra a la hermana del presidente Javier Milei.
El propio mandatario ya había anticipado su decisión. “Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, declaró Milei en una entrevista el mes pasado.
De acuerdo con lo publicado por Ámbito, el equipo legal del Gobierno analiza denunciar a la oposición argumentando que la iniciativa carece de financiamiento específico, en contraposición a lo establecido por el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a detallar las fuentes de recursos para cualquier gasto no contemplado en el presupuesto.
Otra opción, considerada de menor viabilidad, es alegar la ilegalidad de la sesión en la que se trató la norma, sosteniendo que la convocatoria corresponde únicamente al Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el oficialismo enfrenta un obstáculo importante: la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo fiscal de la ley se ubica entre el 0,25% y el 0,45% del PBI, lo que relativiza el impacto presupuestario señalado por el Ejecutivo.
