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(Córdoba; SN). – La fallida licitación para dotar de drones a la Policía de Córdoba escaló hasta convertirse en una guerra política con munició0n gruesa en el inicio del año preelectoral. Lo que comenzó como una saugestiva observación administrativa en el Tribunal de Cuentas derivó en una acusación frontal del Gobierno provincial, que calificó a los dirigentes del Frente Cívico como "socios funcionales de los delincuentes".
El conflicto se centra en un expediente del Ministerio de Seguridad para adquirir sistemas de drones y soluciones tecnológicas por un monto cercano a los 6,8 millones de dólares (más de 10.000 millones de pesos). El vocal opositor del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, fue tajante al explicar el rechazo en diálogo con el portal La Voz: “Esto es un saco a medida para una empresa”.
Según la oposición, el pliego licitatorio presentaba condiciones técnicas tan específicas que daban la sensación de estar dirigidas a un proveedor particular, lo que motivó el freno del organismo de control. Luis Juez reforzó esta postura denunciando que el proceso es un "hecho de corrupción" y no una medida de seguridad real.
Dura contraofensiva del Gobierno
El gobernador Martín Llaryora inició la carga el domingo, acusando a los "libertarios de Córdoba" (en referencia al alineamiento del juecismo con el Gobierno nacional) de contradecir las políticas de seguridad de Javier Milei y de hacer "política partidaria con la vida de los cordobeses".
Sin embargo, las declaraciones más fuertes llegaron de sus ministros. Juan Pablo Quinteros (Seguridad) disparó: “Acá el único traje a medida es el de la oposición trabando todo. Son socios funcionales de los delincuentes”. Por su parte, el ministro de Vinculación Comunitaria, Miguel Siciliano, defendió la compra integral del sistema (que incluye capacitación y comunicaciones) y comparó la situación con la adquisición nacional de los aviones F-16: “Nación compró aviones por contratación directa y nadie cuestionó nada; acá hacemos una licitación pública y la traban por estrategia electoral”.
Siciliano argumentó que no se pueden comprar los drones por un lado y el software por otro, ejemplificando que sería como "comprar el chasis de un patrullero a un fabricante y el motor a otro". Según el oficialismo, la objeción del Tribunal es un "bloqueo político" que impide que la policía cuente con herramientas tecnológicas modernas para combatir el delito.
