(SN; Buenos Aires) Diputados de la oposición solicitaron extender las audiencias públicas previstas para debatir el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, al advertir que ya se inscribieron cerca de 18.000 personas para participar como expositores.
El pedido fue presentado mediante una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Martín Menem, y a los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, Nicolás Mayoraz y José Peluc.
La solicitud fue impulsada por los legisladores Maximiliano Ferraro y María Inés Zigarán, del bloque Provincias Unidas, y Sabrina Selva, de Unión por la Patria.
Los diputados plantearon la necesidad de ampliar las audiencias previstas para el miércoles 25 y el jueves 26 —la primera presencial y la segunda virtual— con el objetivo de garantizar una participación ciudadana más amplia en el debate del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.
En la nota enviada a las autoridades de la Cámara señalaron que la ampliación permitiría asegurar “una participación ciudadana amplia, efectiva y acorde a los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú, aprobado en Argentina mediante la Ley 27.566”.
Los legisladores recordaron que el artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y establece el deber de preservarlo, por lo que consideran necesario que el Congreso garantice mecanismos adecuados de participación pública en este tipo de decisiones.
Además, señalaron que el artículo 7 del Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a asegurar procesos de participación abiertos, inclusivos y efectivos en las decisiones vinculadas al ambiente.
Como antecedente, los diputados recordaron el debate parlamentario por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que en 2018 incluyó 15 audiencias públicas en la Cámara de Diputados durante casi dos meses, con más de 100 horas de debate y cientos de expositores, además de audiencias adicionales en el Senado.
Según señalaron, ese antecedente demuestra que el Congreso argentino ha habilitado históricamente instancias amplias de deliberación pública, incluso antes de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, que hoy establece estándares específicos para garantizar la participación ciudadana en cuestiones ambientales.
