Córdoba: Llaryora pedirá la conciliación obligatoria para frenar el paro docente

El Gobierno provincial busca desactivar la medida de fuerza de 72 horas anunciada por UEPC y avanzar con una nueva oferta salarial en la negociación paritaria.
 
Sociedad06 de abril de 2026SNSN
LLARYORA, Martín 20260201

(Córdoba; SN) El gobernador Martín Llaryora confirmó que la Provincia solicitará la conciliación obligatoria en el marco del conflicto docente, con el objetivo de frenar el paro de 72 horas convocado por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) para miércoles, jueves y viernes.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde el mandatario reconoció la “legitimidad del reclamo salarial”, aunque remarcó la necesidad de sostener el dictado de clases mientras continúan las negociaciones paritarias.

La decisión del Ejecutivo provincial apunta a evitar la interrupción del ciclo lectivo, al considerar que la suspensión de clases genera consecuencias que “no son neutras” para la sociedad.

En paralelo, desde el Gobierno anticiparon la presentación de una cuarta propuesta salarial, que buscará destrabar el conflicto. Llaryora la definió como parte de un “esfuerzo conjunto de todos los cordobeses”.

La conciliación obligatoria, en caso de ser dictada por la Secretaría de Trabajo, implicará la suspensión de las medidas de fuerza y abrirá un período de negociación de al menos 15 días hábiles. En ese lapso, las partes deberán retomar el diálogo sin afectar la prestación del servicio educativo.

Entre los argumentos oficiales para avanzar con esta herramienta, se destacan la necesidad de garantizar tiempo para mejorar la oferta salarial, evitar descuentos por días no trabajados y encauzar el conflicto en un marco de “paz social”.

Por su parte, desde el gremio docente señalaron —antes del anuncio oficial— que no existía margen para analizar una nueva propuesta en las bases antes del inicio del paro. Además, advirtieron que, si bien deben acatar una eventual conciliación, cuestionan que la medida sea dispuesta por un organismo provincial, en el contexto de una negociación donde el Estado actúa como empleador, y la consideraron “algo turbio”.

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