SN(Buenos Aires; SN).- La Justicia federal inició una investigación sobre una serie de créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios, legisladores y dirigentes cercanos al presidente Javier Milei, en una causa que ya constituye un nuevo escándalo político del gobierno nacional.
Las denuncias fueron impulsadas por referentes opositores y organizaciones que advirtieron sobre la posible existencia de un esquema de “créditos para los amigos”, con condiciones presuntamente favorables para integrantes del oficialismo. Las presentaciones apuntan a delitos como defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.
El expediente quedó radicado en los tribunales federales de Comodoro Py y recayeron en los juzgados federales de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti. Según trascendió, la causa se tramita con la intervención de un juzgado federal que ya ordenó las primeras medidas de prueba, entre ellas requerimientos de información al Banco Nación sobre los préstamos otorgados entre 2024 y 2025.
En el centro de la investigación aparecen créditos millonarios -en algunos casos superiores a los 100 millones de pesos- concedidos a funcionarios del Ejecutivo, legisladores oficialistas y personas con vínculos políticos con el Gobierno. Entre los nombres mencionados figuran el secretario de Finanzas Federico Furiase; el director del Banco Central Pedro Inchauspe; el director del BICE Felipe Núñez; y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni, entre otros. En este caso, los delitos señalados incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y defraudación.
Las denuncias sostienen que varios de esos préstamos habrían sido aprobados con tasas preferenciales, amplios plazos de devolución y requisitos más flexibles que los exigidos al resto de los usuarios del sistema bancario. Entre los nombres mencionados figuran el secretario de Finanzas Federico Furiase; el director del Banco Central Pedro Inchauspe; el director del BICE Felipe Núñez; y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni, entre otros. En este caso, los delitos señalados incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y defraudación.
Uno de los puntos clave es la posible incompatibilidad entre los ingresos declarados por los beneficiarios y los montos recibidos. De acuerdo con las presentaciones judiciales, existirían casos en los que no se justificaría la capacidad de repago en función de los ingresos formales registrados, lo que podría configurar irregularidades en la evaluación crediticia.
Además, se investiga el rol de las autoridades del Banco Nación que intervinieron en la aprobación de los créditos. La sospecha es que pudo haber existido discrecionalidad en el otorgamiento de los préstamos, favoreciendo a personas cercanas al poder político en un contexto económico restrictivo para el acceso al financiamiento.
El caso sumó tensión tras la salida de uno de los funcionarios señalados como beneficiario, lo que fue interpretado por sectores opositores como una admisión indirecta de las irregularidades denunciadas. Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron las acusaciones y sostuvieron que todas las operaciones se realizaron dentro del marco legal vigente.
La investigación avanza en paralelo al debate sobre el rol del Estado y la banca pública, en un escenario donde el Gobierno impulsa un discurso de ajuste y reducción del gasto. En ese contexto, las denuncias por presuntos privilegios financieros para funcionarios y aliados políticos abren un nuevo frente de conflicto para la administración nacional.
.
