(Alta Gracia; SN).- El conflicto por la urbanización en el barrio 8 de Agosto de Alta Gracia volvió a tomar impulso tras una nueva intervención del Juzgado Federal N°2 de Córdoba, que convocó a una mesa de trabajo para evaluar el cumplimiento de la sentencia vigente.
La resolución judicial fija una reunión para este viernes 10 de abril en la sede del Ejecutivo municipal, con el objetivo de exponer el estado real del caso, revisar avances y definir un plan que permita resolver los puntos pendientes.
El expediente se inscribe en un amparo iniciado por vecinos, que reclama mejoras en infraestructura básica. En ese marco, la Defensoría Pública cuestionó la falta de avances y planteó posibles sanciones.
Desde la Municipalidad de Alta Gracia, el asesor letrado Daniel Villar rechazó esas acusaciones y sostuvo que sí hubo intervenciones concretas en el barrio, dentro de las posibilidades presupuestarias.
Entre las acciones informadas, se destacan obras de apertura y consolidación de calles, ejecutadas en 2022, que permitieron mejorar la accesibilidad y facilitar servicios como la recolección de residuos.
También se detalló la construcción de una red de agua potable de 720 metros de extensión, con cañerías de polietileno de alta densidad y tres puntos de conexión a redes existentes. Según el informe, la obra permitió que 52 frentistas accedan a conexiones domiciliarias .
A esto se suma la instalación de alumbrado público en los accesos y la existencia de suministro eléctrico en el sector, con 38 conexiones registradas y servicio en baja tensión.
Un informe de la Secretaría de Servicios Públicos indica además que el barrio cuenta con recolección de residuos, mantenimiento de calles y red de agua sobre calzada.
Pese a estos avances, la Defensoría sostiene que las obras son parciales o insuficientes y advierte sobre problemas estructurales, como falta de urbanización completa y riesgos ambientales.
En esa línea, el expediente menciona situaciones de degradación ambiental, microbasurales y conexiones clandestinas en sectores cercanos, además de la expansión de asentamientos en zonas no habilitadas.
El municipio, por su parte, argumenta que incluso impulsó una denuncia penal para frenar ocupaciones ilegales en el predio de la cantera del ferrocarril, señalando riesgos de incendios, daños ecológicos y condiciones precarias de habitabilidad.
El punto de mayor tensión radica en la interpretación del cumplimiento de la sentencia judicial. Mientras la Defensoría plantea incumplimientos, el municipio asegura haber ejecutado obras de urbanización y rechaza cualquier sanción.
Aunque la convocatoria a una mesa de trabajo con representantes de los distintos niveles del Estado aparece como un intento de destrabar el conflicto y avanzar en una solución integral, están latentes varios conflictos pendientes. La Asociación 8 de Agosto reclama la titularidad de las 40 hectáreas de la excantera, en tanto la Municipalidad sólo le reconoce las cuatro manzanas inscriptas en el Registro Nacional de Barrios Populares.
Otra arista es la titularidad de las tierras. Desde el ascenso de La Libertad Avanza al gobierno resulta difícil imaginar que la Nación cederá el sector para que los vecinos puedan escriturar.
Representantes de la Nación, la Municipalidad, la 8 de Agosto y la Justicia Federal coincidirán en esta Mesa de Trabajo. El resultado de ese encuentro será determinante para definir el rumbo del proceso y el futuro de del barrio 8 de Agosto.
