La Justicia levantó el secreto fiscal y busca reconstruir la ruta del dinero de Adorni

El juez ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete y su entorno. La investigación apunta a analizar movimientos financieros y una operación inmobiliaria bajo sospecha.
Política10 de abril de 2026SNSN
MILEI, Javier + ADORNI, Manuel

(Buenos Aires; SN) La Justicia federal ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni, jefe de Gabinete nacional, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

La resolución también alcanza a su esposa, Julieta Bettina Angeletti, y habilita el acceso a información sobre cuentas bancarias, movimientos financieros, consumos con tarjetas, créditos, inversiones y declaraciones impositivas. El objetivo es reconstruir la evolución patrimonial de la pareja.

En el expediente quedó incluida la firma AS Innovación Profesional, vinculada a ambos, como parte del circuito económico bajo análisis. Además, el juez dispuso el levantamiento del secreto fiscal de seis mujeres señaladas como presuntas prestamistas o acreedoras, con el fin de determinar si existieron mecanismos de financiamiento no declarados.

La causa se originó a partir de una denuncia por inconsistencias patrimoniales y tiene como eje una operación inmobiliaria realizada en noviembre de 2025: la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230 mil dólares. Según la investigación, la transacción incluyó una hipoteca directa de 200 mil dólares otorgada por las vendedoras, sin intereses y con devolución en un plazo de un año, una modalidad considerada atípica por la fiscalía.

En paralelo, el fiscal solicitó nuevas medidas de prueba y la citación de testigos. Entre ellos figura Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las mujeres que vendió el inmueble y allegado al funcionario. También deberán declarar los responsables de la inmobiliaria que intervino en la operación, el encargado del edificio y un vendedor de otra propiedad vinculada al entorno del funcionario.

Con estas medidas, el Ministerio Público Fiscal busca rastrear el flujo de fondos y establecer si existieron irregularidades, evasión fiscal o posibles maniobras de lavado de activos en torno al patrimonio del jefe de Gabinete.

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