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(Córdoba; SN) Un reciente fallo judicial volvió a instalar un debate clave en el ámbito jurídico: la condición del escribano como funcionario público. La resolución fue dictada por el juez Gustavo Hornos, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de una causa en la que se investigaba a una escribana por presunta falsedad.
El magistrado confirmó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe de rechazar la suspensión del juicio a prueba, conocida como “probation”, al considerar que este beneficio no es aplicable a funcionarios públicos, según lo establece el artículo 76 bis del Código Penal.
Más allá del caso puntual, el fallo adquiere relevancia por la claridad con la que reafirma el carácter público de la función notarial, una cuestión que, si bien cuenta con respaldo doctrinario e histórico, ha sido objeto de interpretaciones divergentes en los últimos años.
Según se desprende de los fundamentos, el escribano no actúa como un profesional liberal en sentido estricto, sino como un sujeto investido de una función pública delegada por el Estado. Su rol consiste en garantizar autenticidad, legalidad y seguridad jurídica en los actos que instrumenta.
El pronunciamiento también refuerza la idea de que esta condición no se limita al ámbito penal. En el plano civil, distintas normas ya reconocen implícitamente ese carácter, como ocurre con la definición de escritura pública en el Código Civil y Comercial.
En ese sentido, el fallo no introduce una novedad conceptual, pero sí ordena el debate y reafirma una interpretación considerada central para la coherencia del sistema jurídico.
El eje de la discusión radica en la naturaleza de la función notarial. Mientras el contenido de los actos corresponde a las partes, la intervención del escribano se vincula con la forma: es quien otorga validez, autenticidad y eficacia jurídica a los instrumentos.
Especialistas advierten que desconocer el carácter de funcionario público del notario no solo implica un error teórico, sino que puede afectar aspectos concretos como la responsabilidad del Estado, la validez de los actos y la seguridad jurídica en el tráfico civil y comercial.
En ese marco, la resolución fue valorada como un pronunciamiento que aporta claridad en un contexto de interpretaciones dispares y que refuerza el rol institucional del escribano dentro del sistema legal argentino.
