Reforma laboral: la Corte le cerró la puerta al atajo judicial de Milei

El máximo tribunal declaró “inadmisible” el per saltum presentado por el Gobierno nacional para acelerar una definición sobre la validez de la reforma laboral impulsada por Javier Milei.
Política08 de mayo de 2026SNSN
MILEI, Javier PREOCUPADO

(Buenos Aires; SN) La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el recurso de per saltum presentado por el Gobierno nacional para que el máximo tribunal intervenga de manera directa en la causa que analiza la constitucionalidad de la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes consideraron que no están dados los requisitos procesales para habilitar el “salto de instancia”.

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En el fallo, los magistrados sostuvieron que primero deben expedirse los tribunales inferiores antes de una eventual intervención de la Corte. “No se observan los requisitos” previstos en el Código Procesal Civil y Comercial para habilitar ese mecanismo excepcional, señalaron.

El Gobierno había presentado el recurso el pasado 16 de abril, luego de que el juez laboral Raúl Horacio Ojeda declarara la inconstitucionalidad de 83 artículos de la ley. Sin embargo, esa resolución fue posteriormente revertida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que restituyó la vigencia plena de la reforma.

Desde la Casa Rosada relativizaron el impacto político de la decisión y aseguraron que el rechazo termina favoreciendo la estrategia oficial. Según fuentes citadas por medios nacionales, el Ejecutivo consideraba más perjudicial que el expediente permaneciera durante meses bajo análisis de la Corte mientras la aplicación de la norma quedaba en discusión.

La reforma laboral continúa vigente mientras avanza la disputa judicial. Tras el fallo de la Cámara del Trabajo, la causa pasó al fuero Contencioso Administrativo Federal, luego de un planteo impulsado por el propio Gobierno nacional.

La ofensiva judicial contra la norma había sido promovida por la Confederación General del Trabajo, que cuestionó distintos artículos de la ley y también recusó a camaristas que restituyeron su vigencia. Desde la central obrera denunciaron presuntas irregularidades y acusaron al oficialismo de ejercer presión sobre sectores del Poder Judicial.

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