(Buenos Aires; SN).- Javier Milei no tiene tregua con su Jefe de gabinete. El gobierno atraviesa uno de los mayores escándalos desde su llegada a la Casa Rosada. Lo que comenzó hace tres meses como una denuncia aislada contra Manuel Adorni se transformó en una crisis política y judicial que, lejos de apaciguarse, suma revelaciones prácticamente todos los días.
La sucesión de denuncias, testimonios y datos sobre movimientos de dinero en efectivo, operaciones con criptomonedas y posibles maniobras de lavado golpea de lleno el discurso de transparencia que el oficialismo convirtió en bandera desde la campaña presidencial.
La polémica escaló con fuerza luego de la declaración del propietario de una vivienda en Indio Cua, quien aseguró que Adorni pagó más de 20 mil dólares por el alquiler de una propiedad. Según trascendió en la causa, parte del dinero habría sido entregado en efectivo y sin registros bancarios formales. Otra versión del expediente señaló un desembolso de 15.400 dólares “cash”, dato que incrementó las sospechas sobre el origen y la trazabilidad de los fondos.
El episodio no quedó aislado. Con el correr de los meses aparecieron nuevas derivaciones judiciales y mediáticas que profundizaron el escándalo. Una de las más delicadas fue la imputación contra el hermano de Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Justicia intenta determinar si existieron movimientos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados.
A esa situación se sumó la denuncia de un especialista en blockchain, quien afirmó haber detectado transferencias por al menos 37.500 dólares que habrían llegado a Adorni mediante billeteras virtuales. El informe volvió a poner bajo la lupa el uso de criptomonedas dentro de un entramado financiero que presenta múltiples zonas grises.
El caso también quedó conectado con el escándalo $LIBRA, otra de las investigaciones que rodean al oficialismo. Según se conoció, Adorni comparte abogado con la familia del jubilado que recibió un millón de dólares en esa causa. La coincidencia alimentó nuevas sospechas y reforzó la idea de una trama más amplia detrás de las operaciones investigadas.
En el Gobierno intentan relativizar las denuncias y atribuirlas a una ofensiva política y mediática contra la administración libertaria. Sin embargo, el problema ya se convirtió en una crisis sostenida en el tiempo. Cada nueva revelación no sólo amplía el alcance judicial del caso, sino que también erosiona uno de los pilares discursivos de Milei: la promesa de terminar con los privilegios y las prácticas oscuras de la vieja política.
En la oposición sostienen que el oficialismo enfrenta un escenario de desgaste creciente y remarcan que el caso ya excede la figura de Adorni. Las denuncias por pagos en efectivo, operaciones sin declarar y presuntos vínculos financieros irregulares comenzaron a impactar sobre la imagen general del Gobierno, en un contexto económico cada vez más complejo.
A tres meses del inicio del escándalo, la situación parece entrar en una nueva etapa. Lejos de disiparse, las acusaciones se acumulan, las investigaciones avanzan y el cerco político alrededor del Jefe de Gabinete de Ministros se vuelve cada vez más incómodo para la Casa Rosada.
