(Buenos Aires; SN).- La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a través de su Bloque Patagónico, expresó su preocupación por las modificaciones impulsadas sobre el Régimen de Zona Fría y advirtió sobre el impacto que tendrían en las familias, las pequeñas y medianas empresas y la economía regional de la Patagonia.
La entidad señaló que las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego poseen condiciones climáticas y geográficas particulares que convierten al gas y la energía en servicios esenciales durante gran parte del año. Según indicaron, en amplias zonas del sur argentino las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses anuales, lo que vuelve imposible reducir significativamente el consumo energético.
Desde CAME cuestionaron que la reforma limite el beneficio únicamente al valor del gas en boca de pozo, ya que eso trasladaría a usuarios residenciales y comerciales mayores costos de transporte, distribución e impuestos. De acuerdo con la entidad, esta situación podría derivar en incrementos tarifarios que superarían la capacidad de pago de miles de familias patagónicas.
Además, remarcaron que distintos organismos especializados proyectan aumentos significativos en las facturas de hogares y comercios, con consecuencias directas sobre el consumo interno, la actividad económica y el sostenimiento del empleo.
El Bloque Patagónico advirtió que las pymes de la región ya atraviesan un contexto complejo, marcado por la caída de ventas, el incremento de costos operativos y dificultades financieras. En ese sentido, sostuvieron que una mayor presión tarifaria profundizará la desaceleración económica y afectará la capacidad de mantener puestos de trabajo.
“La región patagónica no reclama privilegios; reclama el reconocimiento de condiciones objetivas que históricamente justificaron políticas diferenciales”, expresaron desde la entidad empresaria.
Finalmente, las cámaras y federaciones que integran el Bloque Patagónico de CAME consideraron “imprescindible” abrir una instancia de diálogo institucional y federal para evaluar las consecuencias económicas y sociales de la reforma antes de su implementación definitiva.
Para la entidad, “defender el Régimen de Zona Fría es defender la calidad de vida de millones de argentinos que habitan y producen en la región patagónica”.
