(Buenos Aires; SN, con información de NA).- La litigiosidad laboral continúa en aumento en la Argentina y ya acumula cerca de 40.000 causas en lo que va del año, según datos difundidos por Noticias Argentinas. El fenómeno ocurre en un contexto atravesado por las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, que prometían reducir la judicialización del empleo y dar previsibilidad al mercado laboral.
Sin embargo, especialistas y cámaras empresarias coinciden en que los juicios no disminuyeron. Por el contrario, la conflictividad sigue elevada, especialmente en el sistema de Riesgos del Trabajo (ART), donde se concentra una parte importante de las demandas.
Uno de los puntos centrales del debate es que muchas veces se mezclan dos reformas distintas. La primera fue la aprobada en 2024 dentro de la Ley Bases, que introdujo cambios parciales en materia laboral. La segunda llegó en febrero de 2026, cuando el Congreso sancionó la denominada Ley de Modernización Laboral, considerada una reforma más amplia y estructural.
Esa diferencia temporal es clave para interpretar las estadísticas. Los números que muestran el crecimiento de la litigiosidad corresponden principalmente al período posterior a la Ley Bases y previo a la aplicación plena de la reforma integral de 2026.
Por eso, distintos analistas advierten que todavía es prematuro atribuir el aumento de los juicios directamente a la nueva legislación. La norma lleva pocos meses de vigencia y aún existen dudas sobre cómo será interpretada por los tribunales laborales.
En paralelo, comenzaron a aparecer nuevos conflictos derivados justamente de la transición normativa. Entre ellos figuran discusiones sobre la eliminación de multas laborales, la aplicación retroactiva de algunos cambios y posibles planteos de inconstitucionalidad.
A eso se suma otro dato relevante: gran parte de las demandas no se relaciona con despidos tradicionales sino con accidentes y enfermedades laborales. Las aseguradoras vienen señalando desde hace años que la litigiosidad vinculada a ART representa uno de los principales factores de presión sobre el sistema.
También influyen otros elementos estructurales, como la inflación, las altas tasas de actualización judicial y la persistencia de empleo informal o precarizado, factores que siguen alimentando la conflictividad laboral pese a los cambios legislativos.
Para el Gobierno, las reformas buscan modernizar las relaciones laborales y desalentar la llamada “industria del juicio”. Pero, al menos por ahora, las estadísticas muestran que la cantidad de demandas continúa creciendo y que el impacto real de la nueva legislación todavía está abierto a interpretación.
