Jorge Conalbi Anzorena
(Córdoba; SN).- En política, las tragedias tienen una lógica propia. Tan brutal como previsible. Cuando una sociedad se conmueve, la indignación necesita destino. Un rostro. Un nombre. Un responsable visible.
En el caso de Agostina Vega, esa descarga emocional encontró rápidamente dos pararrayos: la Justicia y la Policía.
El Gobierno provincial, al menos hasta ahora, logró algo que parecía difícil en las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo de la niña asesinada: mantenerse fuera del centro de la escena.
No es casualidad.
La conferencia de prensa ofrecida por el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros terminó funcionando como una representación casi perfecta de cómo opera el poder cuando necesita administrar daños.
Garzón habló. Mucho.
Demasiado.
Explicó procedimientos. Defendió actuaciones. Justificó decisiones. Y en el intento de cerrar preguntas terminó convirtiéndose en el protagonista excluyente de la historia.
"La Policía actuó siguiendo instrucciones de este Ministerio Fiscal", dijo.
Traducido al lenguaje político: Gobierno ileso. Fiscal incendiado.
La frase operó como un salvavidas institucional para el Centro Cívico.
La discusión pública dejó de girar alrededor de eventuales responsabilidades políticas para concentrarse en las presuntas demoras judiciales, los procedimientos policiales y las decisiones tomadas durante las horas posteriores a la denuncia.
Incluso otro dato ayudó a descomprimir la presión sobre la gestión provincial.
La determinación preliminar de la hora de la muerte.
Según dio Garzón, Agostina habría sido asesinada aproximadamente ocho horas antes de que se formalizara la denuncia por su desaparición.
Una conclusión estremecedora, pero políticamente relevante.
Porque instala una idea incómoda para quienes buscan responsabilidades estatales inmediatas: aún con un despliegue perfecto, el crimen ya se había consumado.
La velocidad no podía cambiar el desenlace.
Al menos no ese desenlace.
Eso no elimina interrogantes. Tampoco exime a nadie de rendir cuentas. Pero modifica el eje de la discusión.
Y los gobiernos viven de esos matices.
Mientras tanto, detrás de la conmoción pública sigue existiendo una investigación que todavía está lejos de completarse.
La relación entre el único detenido y el entorno familiar. Los vínculos previos. El móvil. Las circunstancias exactas del asesinato.
Hay demasiadas preguntas abiertas y demasiado secreto de sumario para sacar conclusiones definitivas.
Sin embargo, la política argentina detesta el vacío. Cuando faltan respuestas aparecen las especulaciones. Y cuando aparece una tragedia, aparece el carancheo. La oposición cordobesa ya empezó a mover piezas.
Algunos intentan encontrar en el caso Agostina Vega una versión local del caso Cecilia Strzyzowski, aquel crimen que terminó erosionando al peronismo chaqueño y contribuyó a su derrota electoral.
La comparación parece forzada. Las diferencias son enormes, las circunstancias son distintas y los actores también.
Pero son tiempos donde una tendencia de redes sociales puede pesar más que un expediente judicial y donde una imagen creada por inteligencia artificial puede circular más rápido que una prueba pericial.
La política ya no espera sentencias.
Trabaja sobre percepciones.
Y las percepciones suelen llegar mucho antes que la verdad.
Sin embargo, más allá de las especulaciones, las estrategias comunicacionales y los cálculos electorales, hay algo imposible de maquillar: La bronca.
La indignación.
La sensación colectiva de que una niña fue asesinada y que nadie puede explicar de manera convincente por qué ocurrió.
Ese es el verdadero problema.
En una sociedad fracturada, enferma de individualismo y alimentada a diario con odio y violencia, la búsqueda de responsables necesita destrozar los espejos.
Hoy la furia apunta a fiscales y policías.
Mañana puede buscar otra puerta.
