Un nuevo estudio revela dos polos muy marcados en el país. Mientras cae el consumo y la mayoría no llega a fin de mes y un 30% resigna gastos para pagar tarifas, un sector disfruta de viajes y compras en el exterior.
La medida de protesta fue organizada por el Foro Multisectorial de pymes, clubes, universidades y otros usuarios, que además interpuso una acción de amparo contra el Gobierno nacional. Denuncian que los aumentos de tarifas son “desproporcionados, irrazonables y confiscatorios”.
En diálogo con SN, el presidente del Consejo administrativo de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Despeñaderos se refirió a los tarifazos impuestos desde Nación, su repercusión en la ciudadanía y cómo afrontan la situación desde la institución local.
El ajuste ya fue publicado en el Boletín Oficial y está dividido en tres tramos. La primera actualización va a ser en abril, la segunda entre mayo y septiembre y la tercera desde octubre a diciembre.
La medida de fuerza la impulsan los centros de comercio y consiste en desconectarse por cinco minutos de la energía eléctrica en reclamo contra el aumento de la tarifa producido por la quita de subsidios.
El Centro de Comercio local, junto a entidades del interior nucleadas por la Federación de Comercios de Córdoba, convocó a la población a realizar un apagón en reclamo de los aumentos en el servicio de energía eléctrica. En diálogo con SN, Mariana Calderón explicó la situación y cómo afecta esta recesión en el sector.
Para abril se espera el impacto del feroz tarifazo devenido de la supresión de subsidios a la energía dispuesta por el gobierno nacional. Para algunas actividades y en comercios de menor o mediana escala, significará el cierre.
El presidente Carlos Ríos encabezó una reunión junto a socios referentes y comerciantes, con quienes abordaron los tarifazos impuestos por el Gobierno Nacional.
Los reclamos se dan ante los aumentos en el suministro de energía eléctrica del último mes. La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos anticipó que los incrementos se deben a las subas impuestas por el Gobierno Nacional.
Comprobantes y registros bajo análisis apuntan a pagos realizados por una productora ligada al canal estatal. La Justicia busca determinar el origen de los fondos.