El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, dejó en claro que si bien la lucha contra el narcotráfico es de jurisdicción nacional, la Provincia está dispuesta a acompañar y a colaborar. La rúbrica es un acuerdo de cooperación para el establecimiento de protocolos de actuación entre las fuerzas federales y las fuerzas de seguridad provinciales.
Provinciales04 de enero de 2024 Redacción SN
(SN, Córdoba) El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López estuvieron este jueves en Buenos Aires, en donde mantuvieron reuniones con funcionarios del Gobierno Nacional para tratar diversos temas relacionados al combate del narcotráfico y del crimen organizado.
En primera instancia, junto a la titular de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se llevó a cabo la firma de un convenio marco de cooperación para el establecimiento de protocolos de actuación conjunta entre las Fuerzas Federales y la provincia de Córdoba.
El objetivo de esta iniciativa es la complementación y el perfeccionamiento en el accionar en materia de seguridad en el territorio provincial mediante el intercambio de información, el seguimiento de la situación, el logro de acuerdos sobre modos de acciones y previsión de operaciones conjuntas y la evaluación de los resultados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 24.059 y sus modificatorias, a la cual adhirió la Provincia mediante la Ley N° 8.831.
A su vez, el acuerdo prevé la constitución de una “Mesa Operativa Conjunta” con representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, Ministerio de Seguridad de la Provincia, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de la Provincia de Córdoba para la implementación de un “Plan de Trabajo Conjunto”.
Esta acción estará previamente definida a partir de un diagnóstico de la situación de seguridad en el territorio provincial el cual deberá contemplar la formulación de los lineamientos de trabajo, la determinación de acciones prioritarias, así como la reasignación de efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad u otros recursos humanos, tecnológicos o materiales.
La función específica de dicha Mesa Operativa Conjunta será la de desarrollar la planificación y coordinar las acciones en el territorio provincial, como así también los instrumentos de soporte logístico, de comunicación, de investigación criminal, información, mapa del delito y otros para el logro de los fines propuestos.
Una vez finalizada la reunión protocolar, la ministra Bullrich informó a los ministros que durante el mes de enero viajará a la provincia de Córdoba para reunirse con el Gobernador Martin Llaryora, en el marco del trabajo conjunto que prevé el nuevo convenio entre ambas jurisdicciones.
Participaron del encuentro: Walter Gómez, Subsecretario de Seguridad de Córdoba, Sebastián García de Luca, secretario de Articulación Federal de Seguridad de la Nación; Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación y Néstor Majul.
El día Lunes, reunión en San Francisco
Una vez refrendado el convenio marco, el día lunes 8 se realizará una reunión en la ciudad de San Francisco donde autoridades del Gabinete provincial, junto a los jefes de la Policía de Córdoba, Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA), Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) definirán el protocolo de acción conjunta entre las fuerzas de ambas jurisdicciones. También participará de esta reunión el Fiscal General de la Provincia.
Córdoba, territorio hostil al narcotráfico y al crimen organizado
Las reuniones entre los ministros provinciales y sus pares nacionales se dan en el marco de la decisión del Gobernador Martín Llaryora de reforzar las políticas de combate contra la inseguridad, el narcotráfico y las organizaciones delictivas.
Además de la sanción de la nueva Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana 10.954, el Gobernador anunció el refuerzo con mayores recursos y personal de la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, e instruyó a los ministros de las áreas Seguridad y Justicia para que realicen las gestiones necesarias ante las jurisdicciones nacionales a los fines de establecer mecanismos de cooperación que redunden en un combate más eficiente y efectivo de esta problemática.
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