La primicia de SN -que da cuenta de una presunta violación realizada por el empleado de una clínica de salud mental de Alta Gracia hacia una paciente- abrió la puerta al olvidado universo de las personas institucionalizadas.
Policiales20 de abril de 2024
Joaquín Gómez Oliverio
(SN; Alta Gracia) El viernes pasado, SN reveló la existencia de una investigación judicial que ya tiene un imputado debido a la denuncia penal presentada por el Área de Familia de la Municipalidad de Alta Gracia que da cuenta de denuncias contra un empleado del área de limpieza de la clínica "SiSaMe" por maltrato y abuso sexual de una paciente.
En el área municipal, se habían receptado testimonios de profesionales de la institución preocupadas por lo que consideraban una inacción frente a la situación de la cual habían advertido a los superiores.
V. es residente de la clínica desde hace algunos años, pero desde muy pequeña pasó por distintas instituciones de menores y salud mental. Su historia no es ni nueva ni única, pero no por eso menos desgarradora.
V. creció en un contexto de violencia, en una familia con conflictos vinculares con la que ya no tiene relación. De esto se desprende que su diagnóstico es meramente contextual. Según información suministrada a SN, la mujer presenta un retraso mental leve.
Sin familia y con ese diagnóstico, V. es una persona institucionalizada cuya vida transcurre entre los muros de sucesivas clínicas.
Alberto Kestli es el director de la clínica especializada en salud mental y discapacidad ubicada en barrio Villa Carlos Pellegrini. Además, es el apoderado a cargo de V.
Si.Sa.Me
La institución de calle Bunge de Gálvez está integrada a una red nacional de prestaciones en salud mental y discapacidad, tal como dice su portal en internet. Llamativamente, en el portal no figuran autoridades ni los nombres de los profesionales.
Además, el sitio figura catalogado como "no seguro" para navegar en internet.
En el único de los teléfonos de contacto que figuran en su página, sólo respondieron en el correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde allí, adujeron no estar autorizados a brindar ningún tipo de información, ni derivar a quien pudiera hacerlo.
SN intentó reiteradamente, sin éxito, comunicarse con Alberto Kestli. En la clínica, explicaron que el director viaja hasta Alta Gracia una vez por semana, aunque a veces ese lapso es mayor.
“Nuestra filosofía está basada en satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de nuestros pacientes y sus seres queridos. Nos comprometemos a contribuir en su progreso, en un marco de respeto mutuo, honestidad, confianza y ética. Su bienestar, día a día, constituye nuestra razón de ser como institución”, se sostiene en su página.
A la Justicia
A la Fiscalía de Alejandro Peralta Ottonello el caso de V. llegó a través de dos denuncias. Una la hizo Kestli, quien en algún momento les manifestó a las profesionales que como apoderado de V. a él le correspondía a hacer la denuncia penal.
La otra denuncia, es la de la Municipalidad de Alta Gracia, originada por los testimonios de profesionales que destacan que V. padece estas situaciones de violencia sexual y psicológica desde hace aproximadamente un año.
De acuerdo con testimonios brindados a SN, las profesionales que escucharon el relato solicitaron hablar con Kestli, quien las recibió luego de reiterados pedidos y la realización de una nota institucional.
Según sostienen, a pesar de los avisos de las profesionales y de la denuncia del director, el acusado se mantenía en su lugar de trabajo y no se percibían cambios en su situación, por lo que el grupo de orientadoras -que implica solo un parte del staff profesional- acudió al área municipal correspondiente para exponer el caso.
En diálogo con SN, Ariel Martínez -administrador de la clínica privada- destacó que apenas tuvieron conocimiento del caso relegaron al trabajador de todas las funciones que lo relacionaban con la víctima y fue apartado a “ropería”, un lugar en donde no tiene contacto con los pacientes.
Sin embargo, las profesionales destacan que, en realidad, la víctima seguía cruzándose al acusado en los pasillos y por eso acudieron al área municipal.
Peralta Ottonello determinó imputar al presunto abusador y estableció medidas de restricción que, según Martínez, no impiden que el imputado continúe trabajando.
V. aún no ha declarado en la causa y el equipo técnico de tribunales está evaluando si se dan las condiciones para que pueda hacerlo.
Entre las profesionales que impulsaron la denuncia, existe la convicción de que el imputado cuenta con protección, ya sea por connivencia o simplemente, por temor.
Cabe destacar que, según manifiestan las orientadoras, tras enterarse del caso, profesionales de la institución habrían ordenado aumentarle la dosis de medicamentos a la víctima y le pidieron al resto del equipo que no le dieran más lugar a hablar de lo que había pasado. De todas maneras, cada vez que V. se topa con el hombre, acude a sus orientadoras en busca de ayuda.
El imputado
Siempre de acuerdo con la versión de las denunciantes, no sería la primera vez que el imputado participa de hechos de violencia sexual y física contra otros residentes de la clínica.
El hombre tiene una larga trayectoria como trabajador en ese lugar y, aseguraron, en una oportunidad habría golpeado a un paciente que, en medio de un ataque se había subido a una mesa.
En otro episodio, relataron, al ser solicitado por las enfermeras para colaborar con el bañado de dos pacientes mujeres, les habría dicho groserías mientras las tocaba. Ambas pacientes solicitaron no ser bañadas por el hombre.
Dos jóvenes que circulaban en su moto protagonizaron este grave accidente y debieron ser trasladados al hospital con diversas lesiones y heridas tras el impacto.
Gracias a las tareas de investigación realizadas por los efectivos policiales mediante redes sociales, se logró rastrear y recuperar a un Bull Dog Francés, que había sido sustraído de su domicilio en Malagueño.
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El accidente se registró sobre la autovía de la ruta 36, donde una mujer se despistó de la carretera mientras se conducía en su vehículo.
Entre otras presuntas irregularidades, el vocal del Tribunal de Cuentas Daniel Giovanoni dio cuenta de la existencia de funcionarios políticos que -a su vez- le facturan al Municipio en calidad de proveedores.
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La Secretaría de Comercio, Industria y Modernización del Estado de la ciudad espera la participación de representantes de empresas, comerciantes y profesionales interesados en este programa laboral de la provincia que fomenta la creación de trabajo genuino.
Se trata de una investigación revelada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que publicó una caída del 3,3% en diversos sectores, tales como construcción y pesca.
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