(SN) Crecen las denuncias en el ámbito judicial y financiero, mientras estudios internacionales analizan posibles sanciones contra Argentina. Unión Por la Patria y el Partido Socialista impulsan el juicio político a Milei, tras el escándalo por la promoción de una criptomoneda.
El bloque de Diputados Nacionales de Unión por la Patria también decidió avanzar con un pedido de juicio político. Carlos Heller, del Partido Solidario, consideró que Milei "participó en un delito de estafa cripto" y calificó la situación como "un escándalo sin precedentes".
El Partido Socialista (PS) reunió a sus representaciones provinciales en un Consejo Federal en Rosario, con la presencia de referentes de las 22 provincias donde el partido tiene representación. En el encuentro se definieron dos estrategias centrales: impulsar el juicio político contra el presidente Javier Milei y conformar frentes electorales amplios para las próximas elecciones legislativas.
Esteban Paulón y Mónica Fein recibieron respaldo unánime para avanzar con la iniciativa parlamentaria contra Milei. Fein sostuvo que la sociedad "eligió un rumbo en 2023", pero que el país necesita "una democracia con instituciones sanas, sólidas y sin corrupción". Paulón cuestionó la "agenda de confrontación y degradación" del gobierno y llamó a generar acuerdos legislativos para frenar el "desmantelamiento del Estado".
La denuncia contra Milei surgió tras su promoción de la criptomoneda Libra, vinculada a la red Solana. El mandatario presentó el activo digital en su cuenta de la red social X, lo que generó sospechas sobre una posible estafa. La volatilidad de la criptomoneda provocó pérdidas millonarias y llevó a especialistas a calificar la operación como un "rug pull", una maniobra en la que los desarrolladores retiran su inversión dejando a los demás sin respaldo.
Repercusión internacional
El caso tuvo repercusiones internacionales. La firma Burwick Law, especializada en litigios por fraudes financieros, ofreció asesoramiento a los inversores afectados. El gobierno argentino enfrenta el riesgo de que se presenten denuncias ante la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que podría imponer sanciones al país.
La controversia también alcanzó a la comunidad cripto. Thread Guy, un influencer estadounidense, afirmó haber perdido 250.000 dólares tras la promoción de Milei. Nick O’Neill, CEO de BoDoggos Ent, un conglomerado de medios especializados en criptomonedas, aseguró que el Presidente y su equipo "cobraron" para apoyar el activo digital.
En foros libertarios se discutió la legalidad de la maniobra. Algunos participantes reconocieron la gravedad del episodio y cuestionaron la falta de conocimiento sobre regulaciones financieras. Un abogado experto en derecho administrativo advirtió que si Milei promovió la criptomoneda desde instalaciones estatales o con recursos públicos, podría enfrentar mayores complicaciones legales.
El impacto del escándalo sobrepasó las fronteras nacionales. Especialistas en litigios internacionales no descartan que se busquen embargos sobre bienes argentinos, argumentando que el Presidente, como cabeza del Estado, promovió una maniobra fraudulenta.
