Es ley: el Senado revirtió el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad

(SN; con información de C5N) En medio del escándalo por los audios de las coimas en la ANDIS y a tres días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Senado logró la insistencia de la ley de emergencia en discapacidad con 63 votos afirmativos y 7 en contra.

Durante la jornada, el sector de discapacidad realizó un paro y una movilización nacional en las plazas del país. Prestadores, profesionales, familiares, transportistas e instituciones reclamaron para que los senadores rechazaran el veto firmado por el Presidente a principios de agosto.

El Senado volteó el veto a la Emergencia en Discapacidad y dejó firme la Ley. Los libertarios sólo contaron con el respaldo de la cordobesa del PRO Carmen Rivero y de Francisco Paoltroni. Mauricio Macri dio “libertad de acción” a sus senadores en una reunión virtual previa a la sesión.

Es la primera vez en 22 años que el Congreso logra rechazar un veto del Poder Ejecutivo. La votación se celebró dentro y fuera del Congreso, donde cientos de personas aguardaban la definición.

La Casa Rosada ya trabaja en una estrategia para judicializar el caso, una maniobra dilatoria destinada a estirar los tiempos. Sin embargo, desde distintos sectores advierten que, si el Ejecutivo no aplica la norma, podría impulsarse un juicio político, ya que el Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado.

En qué consiste la emergencia en discapacidad

La iniciativa declara la emergencia en la materia hasta diciembre de 2027 y contempla una serie de medidas orientadas a fortalecer el sistema de prestaciones y la inclusión laboral de personas con discapacidad.

• Compensaciones económicas: se prevé una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
• Regularización de pagos y actualización de aranceles: se dispone saldar deudas con prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, que pasa a ser declarado de interés público nacional.
• Pensiones no contributivas: se garantiza el financiamiento y se revisan las condiciones de acceso y permanencia.
• Fortalecimiento institucional: se mejora la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y se establecen auditorías para corregir fallas en la gestión.
• Transparencia y control: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas vinculadas a la emergencia.
• Certificado Único de Discapacidad (CUD): la ANDIS, en coordinación con el Consejo Federal de Discapacidad, fijará nuevos lineamientos para la certificación, contemplando condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales.
• Talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.
• Cupo laboral: se reafirma la obligación del Estado de cumplir con el 4% de empleo para personas con discapacidad en el sector público.