SN; Buenos Aires. Desde las 11 de este viernes, la Cámara de Senadores de la Nación debate los proyectos de reforma laboral y del nuevo Régimen Penal Juvenil, iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.
Según el orden de labor parlamentario, el tratamiento comenzó con la reforma laboral y continuará con el proyecto que propone reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal. Ambas iniciativas forman parte de la agenda legislativa que el oficialismo busca consolidar antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei brindará su discurso ante la Asamblea Legislativa.
Baja de edad de punibilidad
El proyecto de Régimen Penal Juvenil, aprobado previamente por la Cámara de Diputados, establece la posibilidad de aplicar sanciones penales a adolescentes desde los 14 años, con penas que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión en casos de delitos graves.
La iniciativa contempla además medidas alternativas a la privación de la libertad y dispone que los menores no compartan espacios de detención con adultos. Para delitos con penas menores a tres años se excluye la prisión, mientras que en casos intermedios se priorizan sanciones con enfoque educativo y de resocialización.
Cambios en el régimen laboral
La reforma laboral introduce modificaciones en aspectos centrales de las relaciones de trabajo, incluyendo despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga.
Entre los puntos principales, el proyecto habilita el fraccionamiento de las vacaciones y establece que el período estival no será obligatorio todos los años. También incorpora un sistema de compensación de horas, que permitiría reemplazar el pago de horas extras por descansos equivalentes.
La jornada laboral podrá extenderse hasta 12 horas diarias, con períodos obligatorios de descanso, mientras que las indemnizaciones por despido se calcularán únicamente sobre el salario básico y podrán abonarse en cuotas.
En materia sindical, se mantiene el aporte a los gremios con un tope del 2%, pero se limita la llamada “ultraactividad” de los convenios colectivos, que dejarán de regir una vez vencidos hasta la firma de un nuevo acuerdo.
Además, el proyecto restringe el derecho de huelga al ampliar la definición de servicios esenciales —con cobertura mínima del 75%— y crear la categoría de servicios trascendentales, que deberán garantizar al menos el 50% de funcionamiento durante medidas de fuerza.
Negociaciones y apoyos
Para avanzar con las iniciativas, el oficialismo llevó adelante negociaciones durante casi dos meses con gobernadores y bloques dialoguistas, logrando reunir los apoyos necesarios para su tratamiento parlamentario.
El debate se desarrolla en medio de cuestionamientos de sectores opositores, que denunciaron un trámite legislativo acelerado entre la aprobación en Diputados y la emisión del dictamen en el Senado.
De aprobarse, ambas leyes introducirán cambios significativos tanto en el sistema laboral argentino como en el régimen penal aplicable a menores de edad.
